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Construcción en San Rafael: Pietrelli sugirió que el Estado debe intervenir para frenar los aumentos del oligopolio de cementeras

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Dentro del contexto difícil que vive el sector de la construcción, la presidenta de la Específica de la Construcción de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Silvina Pietrelli, brindó detalles sobre los desafíos que se avecinan.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, la directiva expuso problemas estructurales en la fijación de precios y la inercia de una realidad monopolística en las cementeras, que repercute tanto en las empresas constructoras como en el sector público.
Pietrelli destacó que “estamos en un momento amesetado, si bien vemos que hay una estabilidad en los precios, esta menor volatilidad cambiaria se podría decir que reduce también la incertidumbre”. No obstante, subrayó que, si bien la estabilidad brinda un alivio en el rubro, se trata de una estabilidad que se traduce en precios inflados. “Estamos hablando de precios que están inflados, el metro de la construcción hoy está más caro que nunca en dólares”, señaló, haciendo énfasis en la realidad de un mercado en el que los materiales y servicios se cotizan a niveles sin precedentes.
El análisis de Silvina Pietrelli profundizó en la percepción de que la estabilidad en los precios genera beneficios administrativos, pues “en esta estabilidad a las empresas nos generan un ahorro administrativo también y cierta ética a la hora de presupuestar, porque no es para nada sencillo cotizar obras o presentarnos a licitaciones de obra pública”. Para la presidenta, el problema se agrava cuando se trata de redeterminar precios en el ámbito público, lo que ocasiona perjuicios no sólo a las empresas, sino también a los organismos estatales responsables de realizar esos ajustes, “perjudicaba no solamente a las empresas, sino al sector público también que debía redeterminar esos precios”, señaló con tono crítico.
La pregunta sobre el proceso de formación de precios llevó a Pietrelli a denunciar lo que ella percibe como una práctica monopolística en las cementeras. “Hay una cuestión acá de monopolio en las cementeras, los precios normalizan tres grandes cementeras del país”, sostuvo. El análisis destacó la dificultad para intervenir en una situación en la que “no hay mucho que nosotros podamos hacer si no es el Estado que lo regule, porque suben los precios de una forma desmedida y no sabemos nunca atado a qué”. Esta incertidumbre en la justificación de los incrementos se traduce en un incremento sistemático “en las cementeras, los aumentos lo hacen las tres iguales, el mismo porcentaje de aumento y a partir del mismo día siempre”, aspecto que, según ella, es síntoma del dominio de estas grandes empresas en el mercado y del que el Gobierno debería tomar carta en el asunto.
En la conversación se exploraron también las implicaciones de este escenario en la economía y en la propia dinámica de la construcción. Pietrelli explicó que el descontrol en el aumento de precios repercute en el sector generando una inflación “irreal”, ya que “me derraman un aumento que yo indiscutiblemente lo tengo que pasar a mis precios”, lo que provoca un efecto dominó y un encarecimiento generalizado de los costos. La ausencia de datos locales confiables incrementa la incertidumbre, obligando a recurrir a estadísticas de ámbito nacional que no logran capturar las peculiaridades del mercado mendocino. Este contexto complica la labor a la hora de presupuestar tanto obras privadas como obras públicas, haciendo que “sin ir más lejos, a principios de este mes aumentaron un 3% la cementera”, situación que impacta de manera directa en el costo final de cada proyecto y genera un descontento palpable en el rubro.
En relación con el desempeño del sector en los últimos meses, Silvina Pietrelli relató que “este enero bajó pero después costó muchísimo que repunte y tiene algunos leves picos de repunte por algo en particular pero no termina de reventar”. La presidenta destacó el impacto de la caída en las ventas, que han estado “abajo de un 30% y hasta un 40%”, afectando no solo a las empresas constructoras sino también a los proveedores, en un rubro cuya dinámica se siente en cada segmento de la cadena. No obstante, la ejecutiva señaló que “hay indicadores que al leerlos nos traducen un crecimiento en el mediano plazo a partir del mes de junio en adelante”, debido a los anuncios de nuevas licitaciones en obra pública que podrían dinamizar el sector.
El debate se extendió al ámbito del financiamiento, otro de los factores determinantes de la situación actual. Pietrelli hizo notar que “la obra privada va más ligada a la oferta en crédito, a la situación macro”, resaltando la diferencia evidente entre proyectos inmobiliarios nuevos y la adquisición de viviendas ya construidas, cuyo costo, en ocasiones, se equipara al de un vehículo. “Hay muchos proyectos inmobiliarios que están con proyectos ejecutivos para poder rentar”, afirmó, haciendo hincapié en la expectativa de que la oferta de crédito se expanda para estimular la inversión en construcción. Sin embargo, en la realidad del mercado, “se está viendo una oferta de crédito, pero bueno, no es lo que esperábamos”, lo cual ha llevado a que “poco crédito y por tres años mucha gente está tomando el crédito, pero compra una vivienda ya hecha, no para construir”. Ante esta situación, las reuniones con los gerentes de los bancos se han convertido en un espacio necesario para impulsar medidas que faciliten el acceso al financiamiento, “hemos tenido reuniones con los gerentes de los bancos también para que empiecen a muscular y a traccionar un poco”, concluyó la presidenta.
Por todo ello, el panorama de la construcción en Mendoza se muestra como un escenario dual en el que conviven la estabilidad y la persistencia de mecanismos que obstaculizan el crecimiento genuino del sector. El encarecimiento del metro cuadrado, la presión de los monopolios y la inercia de una regulación insuficiente siguen siendo temas candentes que demandan una pronta intervención gubernamental, no solamente para proteger a las empresas y a los consumidores, sino para asegurar un desarrollo ordenado y sostenible en la infraestructura del país.

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