En la última semana se produjeron nuevos casos de cesantías y suspensiones para personal no docente de la Dirección General de Escuelas (DGE). Específicamente los celadores, trabajadores cruciales del sistema que son casi 10 mil en la provincia y cuentan con un sistema diferenciado de los docentes.
El número de sancionados viene creciendo. En lo que va del año y a pesar de que apenas van semanas de clases, ya son 10 los celadores cesados y 5 los suspendidos. Por ejemplo, en todo el año 2025 fueron 27 los echados y 13 los suspendidos. En 2024 apenas 6 cesados y 3 suspendidos. La mayoría de los casos son inasistencias injustificadas, pero también hay casos graves de abuso o adulteración.
En el caso de los celadores, la evaluación de sus sanciones o posibles cesantías no corre por cuenta de la misma Junta de Disciplina que para el personal docente, sino que tienen una propia, compuesta por representantes del Gobierno y sindicatos. La instrucción está a cargo de personal de Capital Humano de la DGE.
Según confirmaron desde el Gobierno de Mendoza, el procedimiento para dictar la cesantía de un celador es un proceso que “garantiza el derecho de defensa del trabajador” y sigue los lineamientos de la Ley Nº 9.103.
Cómo es el proceso de expulsión del Estado
El procedimiento comienza con una constancia de inasistencias injustificadas o un informe negativo del directivo del establecimiento, que da inicio a la instrucción. La DGE abre el sumario y es la Oficina General de Sumarios la que lleva adelante y la investigación. Se cita al celador a una indagatoria donde puede presentar su descargo con pruebas y testigos.
Luego, el caso queda en manos de la Junta de Disciplina no Docente, el órgano colegiado que analiza el expediente, corrobora la falta y emite un dictamen. Este organismo es integrado por representantes de la DGE y gremialmente por representantes del SUTE. Aunque los voceros del Sindicato de Celadores (SUCEND) lo desconocen por considerarlo arbitrario. Sucede que es el SUTE que tiene la representación gremial.
El proceso finaliza con la resolución final por parte de esta junta, que es firmada por la máxima autoridad de la DGE, Tadeo García Zalazar.
Desde el Gobierno agregaron que la aplicación de sanciones se rige por “criterios de objetividad y gravedad de la falta”. En el caso de las inasistencias injustificadas (que es la causa más común de cesantía), se rigen por el artículo 5º inc. a de la Ley Nº 9.103. La sanción se aplica cuando se superan los 6 días de faltas sin motivo en un periodo de 6 meses.
También hay otras faltas graves por las que se contempla la máxima sanción, como adulteración de documentación o situaciones de abuso sexual. También Y por incumplimiento de funciones, que son faltas relacionadas con el desempeño cotidiano o la conducta, en cuyos casos el criterio suele ser la aplicación de suspensiones o apercibimientos, dependiendo de la reincidencia.
Muchos de los celadores acuden al sindicato para ser asesorados legalmente por la documentación a presentar en las indagatorias. Sobre los casos de inasistencias, desde el sector gremial señalan que muchos de los sumariados desconocen los alcances de la ley de Licencias, y operan de manera informal con los directivos con arreglos extraoficiales. Algunos les exigen la presentación de los formularios de licencias, pero aseguran que muchos desconocen cómo llenarlos. De hecho nunca lo presentan.
También hay casos de presentación de licencias por enfermedad que no son bien justificadas en salud laboral. En ocasiones, porque existen limitaciones tecnológicas para operar el sistema mediante el cual se exige tal justificación.
Sin embargo, advirtieron que existen muchas posibilidades de revertir las suspensiones con un descargo a tiempo. De hecho, en el mismo momento de las actas directivas. Además, el sistema educativo implementa otras alternativas. Las supervisiones reciben informes y en instancias anteriores al sumario realizan convocatorias al personal involucrado para conocer la situación. También han habido casos de traslados de escuelas.
Desde el SUTE señalaron que la suspensión o cesantía es un trámite que puede extenderse un largo tiempo (varios años) y que cuenta en el medio con diversas instancias. Reconocieron que hay decenas de casos que han pasado por su asesoría.
El Sindicato de Celadores también recibe casos para asesorar. Daniel Vilches, su vocero, considera que algunos informes de directivos “no tienen los argumentos necesarios para dar la baja a los celadores o desconocen el Estatuto del Celador que define cuáles son sus funciones”.
Reconocen que hay casos muy difíciles de torcer, pero otros en los que hasta coinciden con la Dirección de Capital Humano. De hecho, mostraron su preocupación por los celadores contratados quienes, según ellos, dependen para su renovación de estos informes.
Pelea sindical por su representación
Mientras tanto, el foco se pone en la representación sindical de estos trabajadores, marcada fuertemente por dos asociaciones que compiten entre sí. El SUTE, que tiene en este momento la representación paritaria de todos los trabajadores docentes y no docentes de la provincia. También la representación en la Junta.
Sin embargo, el Sindicato de Celadores (SUCEND) de la provincial reclama la representación del personal no docente y pide “partir” la paritaria en dos, para que el SUTE represente a los docentes y ellos a los celadores.
“La paritaria no solo abarca lo salarial, sino también otras cosas como la definición de las tareas, las condiciones de trabajo, la terminalidad de los contratos, la antigüedad, la jubilación. Docente y celadores no tienen la misma función y cuentan con diferentes estatutos“, objetó Vilches.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/crecieron-los-casos-de-celadores-despedidos-por-la-dge-como-es-el-proceso-y-la-puja-sindical-detras/
