El caso por el brutal homicidio de Luciano Gómez, en Pueblo Soto, escala a la máxima instancia judicial de Mendoza. Las defensas de los principales condenados, Facundo Cervera y Alexis Antúnez, presentaron un recurso de casación contra las penas de 28 y 33 años de prisión.
El juez Ariel Hernández concedió el recurso formalmente. Este paso legal obliga a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza a revisar el fallo.
El contexto del crimen y las penas impuestas
Luciano Gómez fue asesinado con extrema violencia en una fiesta clandestina y fue a juicio por jurados meses atrás. El jurado popular declaró culpables a los tres acusados por el homicidio agravado. Alexis Antúnez recibió la pena más alta: 33 años de prisión. La pena fue unificada, incluyendo una condena previa. Facundo Cervera fue condenado a 28 años de prisión. Yair Orellana fue sentenciado a 21 años de prisión.
El recurso: desproporción y soberanía del jurado
La estrategia de las defensas de Cervera y Antúnez se basa en una presunta violación del principio de proporcionalidad y el irrespeto a la soberanía del jurado.
El recurso argumenta que el jurado popular rechazó expresamente todos los agravantes calificados, incluyendo la premeditación y la participación organizada. Las defensas sostienen que, al excluir estos elementos, el juez no podía imponer una sanción tan alta. Se acusa que la pena de 28 y 33 años es notoriamente cercana a las que se aplicarían si esos agravantes sí se hubieran verificado. Este desfase produce una desnaturalización del veredicto popular.
Además, las defensas denuncian una violación del principio de culpabilidad. Sostienen que la pena fue elevada basándose en factores externos, como el impacto social del crimen y el dolor de los familiares, y no en la contribución y reprochabilidad concreta de cada imputado. Alegan que la sentencia carece de una justificación razonada para apartarse del mínimo legal.
El futuro de la causa en la Corte
Con el recurso concedido, la Suprema Corte deberá revisar la aplicación de la ley sustantiva y objetiva en el proceso. La Corte decidirá si confirma o si obliga al juez a dictar una nueva sentencia por las penas impuestas a Cervera y Antúnez, en función de si avala el argumento de que se violó el veredicto del jurado.
Procesalmente, se espera que en los próximos días se cite a la fiscalía y la querella a contestar el recurso y, luego, en una audiencia que probablemente se realice el año que viene, las partes defenderán sus posturas y el máximo tribunal decidirá.
