Frente a un sistema de salud fragmentado y condicionado por un cuarto de siglo bajo leyes de emergencia sanitaria, el sector clínico y asistencial enfrenta una brecha insostenible entre la evolución de sus costos operativos —donde la mano de obra supera el 60 %— y los ingresos reales percibidos a través de obras sociales y prepagas. En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos (94.5), la economista sénior del IERAL de la Fundación Mediterránea, María Laura Caullo, analizó la complejidad de un modelo altamente intensivo en trabajo, la presión impositiva acumulada por saldos de IVA, el deterioro del tejido profesional y la imperiosa necesidad de repensar las políticas públicas frente al envejecimiento poblacional y la informalidad laboral.
Caullo explicó que la provisión de salud en la Argentina involucra a una población de cuarenta y seis millones de habitantes asistida por múltiples fuentes de financiamiento y prestadores públicos y privados que actúan de manera estrictamente complementaria. Sin embargo, advirtió que la prórroga ininterrumpida de la Ley de Emergencia Sanitaria desde el año 2002 ha transformado un mecanismo transitorio de excepción en una regla permanente que distorsiona el funcionamiento financiero de las clínicas y sanatorios. «Lo primero que hay que entender es que la provisión de salud en la Argentina está muy fragmentada. Tenemos una parte de la cobertura que la provee el sector público, otra las obras sociales nacionales y provinciales, y otra las prepagas, financiando al conjunto de los cuarenta y seis millones de personas, con prestadores públicos y privados que demostraron ser absolutamente complementarios y no poder disociarse, ya que ninguno podría enfrentar toda la cobertura por sí solo», expuso detalladamente.
«Desde el año 2002, la Argentina tiene una ley de emergencia sanitaria que inicialmente era temporal pero luego se fue prorrogando. La misma dejó de ser transitoria y es estructural en la salud, lo que de alguna manera evitaba la ejecución de los negocios de las clínicas, pero a su vez les generaba un problema enorme desde el lado impositivo», amplió.
Distorsiones impositivas y el desfasaje histórico entre costos e ingresos prestacionales
Al precisar la dinámica microeconómica de las instituciones de salud, la investigadora del IERAL señaló que el sector es altamente intensivo en mano de obra —representando los salarios más del sesenta por ciento de los costos totales—, a lo que se suman insumos médicos, alimenticios, servicios públicos intensivos las veinticuatro horas y reposición de tecnología de alta complejidad. No obstante, remarcó que los ingresos provenientes de los nomencladores de las obras sociales han quedado profundamente desfasados frente a la inflación de costos, una brecha que se viene acrecentando de manera ininterrumpida desde el año 2018. «Las clínicas compran insumos y pagan servicios con IVA, pero al facturar sus prestaciones no pueden trasladar ese impuesto, lo que genera un saldo acumulado de crédito fiscal; nuestra propuesta desde la Fundación Mediterránea es que, mediante un análisis minucioso institución por institución, se permita utilizar ese saldo para regularizar la situación tributaria derivada de esta prolongada emergencia sanitaria», propuso.
«El sector es mano de obra intensiva donde el empleo pesa muchísimo en los costos. Si bien el nivel de empleo no ha bajado significativamente porque se trata de un servicio de primera necesidad, el ajuste ocurrió vía salarios, mientras que la brecha entre los costos de generar salud —que incluyen insumos médicos, tecnología y servicios funcionando veinticuatro siete— y los ingresos recibidos de obras sociales y prepagas mediante nomencladores desfasados lleva más de ocho años acrecentándose según nuestros indicadores», agregó.
Deterioro del capital humano, especialidades críticas y el impacto en el mercado laboral
En otro tramo de la comunicación, Caullo advirtió que la falta de sostenibilidad financiera repercute directamente sobre el tejido profesional y el recurso humano, poniendo en riesgo la capacidad futura del sistema. Destacó que el sector salud se caracteriza por contar con profesionales altamente formados —donde más del cincuenta y cinco por ciento posee instrucción universitaria completa y posgrados—, lo que agrava el impacto cuando las remuneraciones no acompañan las expectativas o impulsan la migración interna hacia otras provincias o el exterior. «Hoy el gran desafío consiste en impedir que el sistema de salud financie sus gastos corrientes a expensas de su capacidad futura, evitando comprometer la inversión y logrando retener, motivar y potenciar a sus profesionales. Debemos recordar que la Argentina cuenta con personal altamente capacitado, siendo esta una de las actividades donde abunda el personal con formación universitaria completa y posgrados», subrayó.
«Esto tiene que verse reflejado en las remuneraciones y en las señales del mercado para que siga habiendo nuevos ingresantes en disciplinas críticas y complejas como la pediatría; la falta de elección en ciertas áreas complica la sostenibilidad del sistema, que no solo sufre un problema coyuntural, sino una emergencia arraigada durante años», añadió.
Desafíos demográficos futuros, informalidad y la necesidad de una salida ordenada
Finalmente, la economista reflexionó sobre los condicionantes estructurales a largo plazo, señalando que el envejecimiento de la población y el incremento de la longevidad —con una proporción cada vez mayor de personas mayores de ochenta años— impondrán una demanda y un gasto en salud exponencialmente superiores. Asimismo, enfatizó que la viabilidad del sistema previsional y de salud está indisolublemente atada a la formalidad y calidad del mercado laboral, concluyendo que es indispensable debatir una salida ordenada del régimen de emergencia sanitaria para ordenar las finanzas de financiadores y prestadores. «La sostenibilidad de la salud está plenamente vinculada al desempeño del mercado laboral; en la medida en que tengamos informalidad, empleos de menor calidad y salarios que no crezcan de manera sostenida, resulta muy difícil expandir el financiamiento vía obras sociales, aunque siempre hay espacio para ser más eficientes tanto del lado de los financiadores como de los prestadores. Vivir más no significa que vivamos mejor.», sentenció.
«Es muy probable que transitemos hacia una cuarta edad caracterizada por una proporción cada vez mayor de personas octogenarias, es decir, mayores de ochenta años, quienes no siempre se encontrarán en sus plenas facultades físicas y cognitivas, lo cual representará un enorme desafío para el sistema», manifestó.
«Los prestadores ya han realizado un esfuerzo muy importante reduciendo su margen de ganancia frente a costos que superaron a los ingresos durante más de ocho años; por eso, la discusión central es que, después de veinticinco años de una emergencia sanitaria que se volvió regla, llegó el momento de debatir cómo salir de ella para ordenar definitivamente las cuentas de las instituciones», expresó al cierre de la comunicación.
