La Inspección General de Seguridad abrió sumarios a 61 jefes policiales por irregularidades vinculadas a las armas oficiales.
La información que brinda el Ministerio de Seguridad es escueta respecto a este caso. Precisaron que la medida está apuntada a la gestión de las armas largas, sobre todo escopetas, sin embargo, ante las reiteradas consultas, desde el Gobierno han mantenido el silencio.
Según la reconstrucción del hecho, las irregularidades radican en que no se han registrado fehacientemente, siguiendo el protocolo establecido la asignación y portación de estas armas, tal como lo dispone la Ley Ley 6722.
Fuentes de Seguridad afirmaron que «era una cuestión de desprolijidad» de los oficiales de las diferentes dependencias investigadas. La situación salió a la luz cuando se auditó los informes de la División Arsenales y se comparó con las armas registradas. La problemática no es el faltante de armas, sino que hay discrepancia entre las que tiene en su poder las dependencias policiales investigadas y las que efectivamente tenían asignadas.
Fuente: Mendoza Post.
