En un sorpresivo anuncio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó este lunes que el gobierno nacional avanzará con la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una medida que implicará el despido de más de 3.000 empleados públicos, recorte salarial y la creación de un nuevo organismo recaudador, con una estructura más chica según anunció. La medida generó interrogantes sobre cuál será el impacto sobre los contribuyentes y los contadores.
En diálogo con FM Vos 94.5, el especialista en materia tributaria, Marcelo Olea, se refirió a los alcances del anuncio formulado por Nación. «Hasta julio de 1997 funcionaba la Dirección General Impositiva (DGI) y Dirección General de Aduana (DGA). Ese mismo año se constituye el decreto 618 y se crea la AFIP, por lo que estas dos grandes direcciones pasaron a estar bajo la órbita del organismo. Luego, en el 2001 de la mano del gobierno de Fernando De la Rúa, se incorporó la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS). Por lo tanto, hasta ahora, dependen de la AFIP esas tres entidades. Hay que aclarar que todavía no salió la resolución para disolver a la Administración Federal de Ingresos Públicos», comenzó explicando el contador Marcelo Olea.
«La AFIP sería reemplazada por el ARCA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Lo que se pretende con esta medida es avanzar sobre una reducción del Estado, con la eliminación de las estructuras ineficientes y la reducción de los salarios jerárquicos del organismo. La novedad es que Dirección General Impositiva y Dirección General de Aduana pasarían a depender del Ministerio de Economía. Por otra parte, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social quedaría bajo la supervisión de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social)», señaló.
Luego, brindó su opinión en torno a todos estos cambios que planteó instaurar el gobierno nacional. «Para mi entender estamos ante la puerta de una nueva era en materia tributaria. Con la implementación de programas de inteligencia artificial se pueden aplicar más controles sistémicos, que forman parte de las denominadas prácticas administrativas internas, delimitando la trazabilidad de los contribuyentes, y ocasionando una mayor preocupación a los contribuyentes y contadores. Estaría bueno que también se simplifiquen los trámites y se dejen aplicar seudo sanciones que no están contempladas en el régimen contravencional vigente», apuntó.
«Creo que la mejor forma de reducir gastos en lo que refiere a la tributación es adoptando un nuevo y mejor sistema, el cual debe garantizar siempre la estabilidad fiscal y la seguridad jurídica que hoy no tenemos», aseguró Olea.
Asimismo, aseguró que para avanzar sobre la implementación de un nuevo sistema se deben realizar cambios profundos que tienen que ser avalados por el poder Legislativo. «Como la AFIP fue creada por un decreto, se puede eliminar con otro, pero en lo que refiere a todos los cambios normativos tributarios requieren de una ley del Congreso de la Nación. La Argentina necesita de un mega proyecto tributario. El país precisa que se simplifiquen los impuestos y que se eliminen muchos de ellos», aseveró el entendido sobre la materia.
«Hay que avanzar sobre el sendero de la seguridad jurídica. El tema de fondo pasa por la reestructuración impositiva. El Estado debe ser eficiente sin vulnerar los derechos adquiridos. Lo importante es modificar el sistema tributario. Lo primero que deben entender los funcionarios es cómo funcionan las finanzas públicas del Estado. De hecho, la administración fiscal debe ser lo menos costosa posible, para ello hay que simplificarle los trámites al contribuyente y brindarles las garantías de los derechos de los mismos», fundamentó.
«Si los impuestos son amigables con los contribuyentes no se necesitan tantos controles del fisco. Tienen que hacerse bien las cosas, con un sistema equilibrado. Todos los gobiernos vienen trabajando sobre un absurdo, que es aumentar los impuestos o imponer nuevos tributos, para financiar el gasto público. Eso ha generado que el sistema vigente sea una verdadera monstruosidad. Modificarlo implica un gran debate. El RIGI no alcanza, no es suficiente para que el sector privado invierta. Es solamente un paréntesis. Hay que hacer un sistema tributario más dócil, que impulsen las inversiones del sector privado, generando trabajo genuino entre la población. Debe haber un equilibrio, creo que están todas las cartas expuestas sobre la mesa para que eso se logre», reflexionó sobre el final de la comunicación.
