Mientras el déficit habitacional continúa afectando a millones de argentinos, una auditoría oficial puso bajo la lupa la forma en que el Estado administró los programas nacionales de vivienda durante los últimos años. El informe, elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN), concluyó que entre 2017 y 2022 se ejecutaron más de $276.000 millones en políticas habitacionales sin contar con diagnósticos adecuados, planes estratégicos ni mecanismos efectivos para medir resultados.
La auditoría, que ya fue enviada al Congreso y al Ministerio de Economía, abarca parte de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández y analiza la ejecución de distintos programas destinados a la construcción de viviendas y al acceso al hábitat.
El diagnóstico que nunca existió
Uno de los puntos más críticos del informe es la ausencia de información confiable para diseñar las políticas públicas.
Según la AGN, los organismos responsables de los programas no utilizaron diagnósticos sólidos para determinar necesidades, prioridades o criterios de asignación de recursos. Los auditores señalaron que no encontraron evidencia de estudios previos que permitieran justificar el diseño de las distintas iniciativas habitacionales.
La observación adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el contexto social en el que se desarrollaron esos programas. De acuerdo con los datos más recientes del Registro Nacional de Barrios Populares, actualmente existen 6.467 barrios populares en todo el país, donde viven más de cinco millones de personas.
Las cifras reflejan carencias estructurales importantes. Cerca del 60% de las viviendas tiene conexiones irregulares de servicios básicos como electricidad o agua potable, mientras que casi dos tercios de esos barrios carecen de red cloacal.
Pese a esa realidad, la AGN sostiene que las políticas habitacionales avanzaron durante años sin una base estadística consistente que permitiera establecer objetivos concretos.
Miles de millones sin una hoja de ruta
El informe también cuestiona la ausencia de planificación estratégica.
Los auditores señalaron que durante todo el período analizado no encontraron evidencia de planes institucionales que definieran metas, prioridades, plazos o mecanismos de seguimiento para los programas de vivienda.
Según el organismo de control, tanto durante la gestión del entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda como posteriormente en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, las autoridades respondieron con reglamentaciones y normativas cuando se les solicitaron planes estratégicos. Sin embargo, la AGN concluyó que esa documentación no reemplaza una planificación integral.
La auditoría también destaca el crecimiento sostenido del gasto destinado a estos programas. Mientras en 2017 se habían ejecutado poco más de $15.000 millones, en 2022 la cifra superó los $113.000 millones, con un fuerte incremento registrado durante los años posteriores a la pandemia.
Programas sin control de resultados
Otro de los hallazgos centrales apunta a la falta de indicadores confiables para evaluar el impacto de las políticas habitacionales.
La AGN detectó que muchos programas tenían metas vinculadas a la ejecución presupuestaria o a la cantidad de obras realizadas, pero carecían de herramientas para medir resultados concretos sobre la población beneficiaria.
En varios casos no existían líneas de base, metodologías de cálculo ni sistemas de medición periódica. Incluso algunos programas directamente no definían indicadores de evaluación.
Para los auditores, esta situación impidió conocer si las políticas implementadas lograron reducir el déficit habitacional o mejorar las condiciones de acceso a la vivienda.
La falta de seguimiento
La auditoría también concluyó que no existieron mecanismos sistemáticos de monitoreo.
Durante las entrevistas realizadas por los auditores, distintos funcionarios reconocieron que no se desarrollaron evaluaciones integrales sobre los programas ejecutados. Según el informe, los controles se limitaron principalmente al seguimiento presupuestario y administrativo de obras individuales.
Esto significa que, más allá de la ejecución de fondos o la construcción de determinadas viviendas, el Estado no contaba con herramientas que permitieran determinar si las políticas estaban cumpliendo los objetivos para los que habían sido creadas.
Qué pasará ahora
Tras la publicación de las conclusiones, la AGN recomendó implementar sistemas de diagnóstico previo, fortalecer la planificación estratégica, crear indicadores medibles y establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación.
También sugirió mejorar la articulación entre Nación, provincias y municipios para contar con información actualizada sobre el déficit habitacional y las necesidades de cada región.
El informe llega en un momento en el que las políticas de vivienda atraviesan una etapa de redefinición institucional. Tras la reorganización del Estado impulsada por el gobierno de Javier Milei, las competencias que antes dependían del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Más allá de los cambios administrativos, la auditoría deja una conclusión contundente: durante años se ejecutaron recursos multimillonarios destinados a vivienda sin herramientas suficientes para planificar, controlar o medir si esos fondos lograban resolver uno de los problemas sociales más importantes de la Argentina.
