Dentro del contexto por la revisión de las jubilaciones de privilegio, la abogada especialista en derecho previsional, Cynthia Castro, analizó en profundidad el tema, enfatizando los límites constitucionales y los riesgos de esta medida en términos de institucionalidad y derecho.
“En principio, con respecto a la posibilidad de perder un privilegio otorgado por ley, debe darse a través del proceso constitucional que marca justamente la Constitución, mediante el Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades legislativas y aplicar penas por fuera de este marco”, señaló Castro a Diario San Rafael y FM Vos 94.5, subrayando que cualquier decisión en este sentido debería pasar por un juicio político previo.
Según la abogada, “la jubilación de privilegio se otorga como un derecho bajo un régimen especial aprobado por ley del Congreso. Por ende, solo el Congreso puede cambiar o revocar esa ley. La administración pública no puede revocar unilateralmente un acto administrativo que otorga ese derecho, ni siquiera cuando se invoque una sentencia judicial como justificación”. En cuanto al caso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una de las principales afectadas por esta revisión, Castro fue categórica: “Se va a judicializar y lo va a ganar. Cualquier persona a la que se le quite una jubilación de privilegio tiene el derecho de recurrir a la justicia para protegerlo, ya que esto constituye una violación a la ley”.
La especialista también destacó las implicancias políticas detrás de la medida. “Es evidente que se busca el aplauso de la sociedad, apelando a un discurso anticorrupción. Sin embargo, no se puede justificar la violación de las leyes bajo ninguna circunstancia. La coherencia en este aspecto es fundamental para la institucionalidad del país”, agregó.
Otro punto controvertido, según Castro, es la extensión de las decisiones judiciales a derechos adquiridos previamente por terceros. “En el caso de la pensión que Cristina Fernández percibe por su esposo, no puede ser afectada. Es insólito que se haga extensiva una exclusión a una pensión que corresponde por ley y que no está directamente implicada en los fallos judiciales contra ella”.
La discusión no se limita al ámbito previsional. Castro vinculó estas medidas con una supuesta persecución política hacia sectores específicos. “Existe un revanchismo evidente por parte de este gobierno hacia un sector político determinado. Es un contrasentido reivindicar figuras que han representado atrocidades históricas mientras se apunta a personas que han sido juzgadas, pero bajo procesos que respetan sus derechos”, afirmó.
Consultada sobre la posibilidad de que Cristina Fernández se presente como candidata en las próximas elecciones, Castro aclaró que, mientras no exista una proscripción firme, la ex presidenta conserva sus derechos políticos. “Ella puede apelar a la justicia y proteger sus derechos. Además, las herramientas legales le permiten postularse y, eventualmente, adquirir fueros”, explicó.
En un análisis más amplio, la abogada llamó a reflexionar sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos al dejar sus cargos. “Todo funcionario público, al terminar su mandato, debe dar explicaciones a la sociedad. Esto no debe interpretarse como persecución, sino como una obligación ética y legal”, concluyó Castro.
El debate sobre las jubilaciones de privilegio pone en evidencia tensiones históricas entre legalidad, ética e intereses políticos. Mientras tanto, el desenlace de este caso marcará un precedente significativo para el sistema previsional argentino y las relaciones entre los poderes del Estado.
