A lo largo de la historia reciente del país, las promesas de estabilización monetaria han tropezado de manera sistemática contra la rigidez de una estructura de precios que responde tanto a la inercia como a la dura realidad del costo de vida. Para el gobierno libertario, además, la supuesta baja de la inflación es casi la única cucarda que puede mostrar a su favor en casi tres años de gestión.
El reciente dato del Índice de Precios al Consumidor tanto a nivel nacional como en Mendoza no solo expone las limitaciones del esquema actual, sino que vuelve a poner de manifiesto un divorcio alarmante entre los indicadores oficiales y la economía real.
En el plano nacional, la cifra de inflación de julio registró un 2,1%, interrumpiendo una racha de tres meses consecutivos de desaceleración. La cifra cobra una dimensión crítica al contrastarse con las proyecciones formuladas meses atrás por el presidente Milei, quien aseguraba que para esta altura de 2026 el índice de precios convergería «a cero». Paralelamente, el Presupuesto nacional fijó una pauta inflacionaria proyectada del 10% para la totalidad del año; sin embargo, transcurridos apenas siete meses, el indicador acumulado ya se halla cerca de duplicar dicha previsión anual. La brecha entre el diseño presupuestario y la evolución efectiva de la economía expone la separación con la realidad de las metas oficiales.
Esta inconsistencia se profundiza al analizar la medición de las canastas básicas difundidas por el INDEC y por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza. Según las cifras provinciales oficiales, un hogar de cuatro integrantes necesitó algo más de 1.400.000 pesos para no caer por debajo de la línea de la pobreza. La rígida metodología de estos cálculos produce un resultado disonante con la estructura real de gastos de una familia. Cuando se contemplan los valores actuales de los alquileres —con renovaciones atadas a índices desmedidos—, el impacto acumulado de las tarifas de servicios públicos y el costo constante de la canasta alimentaria y farmacológica, resulta evidente que fijar el umbral de la pobreza en ese monto resulta una abstracción teórica insuficiente para describir la vulnerabilidad económica de la clase trabajadora.
En San Rafael, este desfasaje entre las planillas técnicas y la calle se traduce en un deterioro concreto del entramado social y productivo. El comercio local experimenta los efectos directos de un consumo retraído, mientras las familias deben recortar prestaciones esenciales o acudir al endeudamiento para llegar a fin de mes.
Ocultar la dimensión real del costo de vida tras mediciones que distorsionan el impacto de los gastos fijos no resuelve la crisis de ingresos; por el contrario, profundiza la desconfianza en las herramientas públicas de diagnóstico mientras el costo de vida sigue siendo en la práctica, día a día y mes a mes, cada vez más alto.
