El debate por la manera de salir de los planes sociales, un gasto que el Gobierno nacional quiere recortar para bajar el déficit fiscal, volvió al centro de la escena luego de una propuesta para incorporar a esos beneficiarios al mercado formal de trabajo. En Mendoza, el oficialismo y los empresarios ven la iniciativa con buenos ojos, pero con algunas salvedades, además de considerar que debería tratarse en el Congreso para que sea una medida que se extienda en el tiempo.
En medio de la crisis del país, el Ejecutivo apunta a bajar el gasto público y cumplir con las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de la quita de subsidios a servicios públicos, que ya anunció, y la transformación en empleo de las asistencias que paga el Estado.
Agunos empresarios mendocinos se mostraron a favor de la iniciativa, basándose en la experiencia en la provincia de un programa similar que legisladores buscan replicar a nivel nacional con un proyecto presentado en el Congreso, aunque con algunas dudas.
“Son buenos programas que dan una ayuda para la contratación inicial de personal, que es bienvenida. El problema que vemos es el día después, porque son por un tiempo determinado”, opinó Leonardo Andreu, secretario del Consejo Empresario Mendocino (CEM).
“Puente al empleo”, diseñado por el ministro de Economía Sergio Massa, busca alcanzar a alrededor de 200.000 personas que reciben planes sociales, quienes seguirán teniendo esos ingresos mientras el empleador paga el resto para llegar al salario de convenio. Pasado un año, el beneficiario podrá optar por continuar con el plan o con el empleo en blanco, que contempla una serie de derechos como obra social, ART o indemnización por despido.
Las dudas
“Es una ayuda para nada despreciable, pero ¿qué pasa al mes siguiente? Ahí vuelven los inconvenientes de tomar personal, sabemos lo que implica, tanto en los costos de las retenciones que se le hacen a los empleados como en las cargas sociales que tiene que pagar el empresario, que comparado a nivel regional son mucho más altas”, detalló Andreu.
Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), se mostró a favor de la iniciativa debido al contexto actual: “Hoy estamos compitiendo con trabajo informal y planes sociales, sobre todo en lugares alejados, donde una familia suma varias asistencias, más un empleo en negro que consigue”.
“En la obra pública hay 100% de personal registrado, pero en la pequeña obra y en emprendimientos domésticos hay mucho empleo en negro”, agregó.
Para los empleadores, el beneficio será de un menor costo laboral, pero “vas a tener que pensar qué hacer cuando se acabe ese beneficio, saber tener ingresos suficientes para hacerle frente”, plantearon desde el CEM.
En tanto, los empresarios que ven “con buenos ojos” esta propuesta, señalaron que habría que adaptarlo a cada rubro y que no tendría que tener límites para las firmas que puedan participar, ya que el decreto de Massa contempla a Pymes con hasta 100 empleados registrados.
El Gobierno nacional argumentó que esto permitirá avanzar en sectores de la economía donde existe temor a perder el plan, lo que hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal. Uno de ellos es la construcción, donde las empresas “tienen mucha mano de obra no calificada, con más de la cantidad de personas contratadas” que se establece como requisito, indicó Barbeito.
Legisladores mendocinos quieren debatir en el Congreso
Desde Mendoza, a partir del plan de Massa, plantearon la idea de aplicar a nivel nacional dos programas implementados en la provincia con los mismos objetivos.
La senadora nacional Mariana Juri, junto a otros legisladores, presentó en la cámara alta dos proyectos, uno para la creación un Programa Nacional de Nuevas Oportunidades de Empleo y otro para la Formación y Entrenamiento Laboral Enlace. En tanto, Natacha Eisenchlas, presidenta provisional del Senado, pidió la declaración para darle mayor impulso a esas iniciativas que ya funcionan en la provincia.
“Los planes tienen que ser un sistema para situaciones de emergencia, no pueden ser eternos. Me parece bien lo de Massa, es un paso adelante, pero no soluciona el conflicto de fondo, está destinado sólo a personas con planes sociales”, lo que mantiene la “inequidad” y el “manejo discrecional” de las asistencias, explicó Eisenchlas, al remarcar las diferencias entre el decreto del Gobierno y la propuesta del radicalismo mendocino.
“Tiene que haber una equidad distributiva, hay gente que cobra cuatro planes y otra que no cobra ninguno. Se trata de reducir el gasto de una forma eficiente y que la gente se incorpore a un empleo”, añadió.
A esto apunta, según explicaron, los proyectos de Juri. Uno busca replicar “Enlazados”, en el que por cada trabajador incorporado por una empresa, el Estado abona el 50% o el 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil, dependiendo de la jornada laboral, mientras las empresas cubren el aporte restante para alcanzar los montos de los convenios colectivos de trabajo.
Además, los contratistas tendrán una reducción del 20% en el pago de las contribuciones patronales del Régimen Nacional de Seguridad Social, propuso la senadora.
A su vez, quiere implementar el programa “Enlace”. Se trata de capacitaciones a personas desempleadas, con o sin planes sociales, pagándoles un canon mensual, explicó Juri, durante dos a seis meses.
“Queremos tratarlo en el Congreso para darle previsibilidad en el tiempo. Ya está presentado en el Senado, depende de la voluntad política del Gobierno. No podrían sumarse planes, sería una especie de congelamiento, y en un año tendrías personas trabajando”, señaló la legisladora.
“Para la empresa es un descuento grande en lo que tiene que pagar, y a la persona le asegura que por ese tiempo recibirá el plan social, porque hoy existe miedo de perderlo por conseguir un trabajo y luego perderlo”, explicó.
Respecto a la medida de Massa y el contexto en el que surgió, Eisenchlas afirmó: “Ojalá sea una voluntad política real y no responda a una directriz política dentro de la interna del Gobierno”.
Los resultados en Mendoza
El oficialismo considera que estos programas funcionaron y que son una vía para comenzar la salida de los planes sociales que el Estado nacional no puede afrontar. “Nos animamos a presentarlo a nivel nacional por los resultados que tiene en la provincia», contó Juri.
El 30% de las personas que accedió a un trabajo a través de estos programas cobraba planes sociales nacionales que dieron de baja, indicó el Gobierno, que también informó que entre ambos planes se crearon 7.408 puestos de trabajo formales, y el objetivo es alcanzar los 12.000 a fin de año.
Fuente: El Sol
