Un convicto, con múltiples condenas por distintos delitos, fue perdonado por su víctima y al poco tiempo solicitó permiso para contraer matrimonio con ella, pero el juez se lo denegó.
Uno de los protagonistas de esta historia violenta es Bruno David Báez, quien se encuentra detenido en la cárcel de Dolores por violencia de género con abuso sexual contra su ex pareja, la otra protagonista.
Pero el prontuario de este hombre es amplio, ya que en 2005 fue condenado por el asesinato del contador Adolfo Herro, en Cariló, por el cuál en 2012 recibió una pena de 10 años por el delito de homicidio en ocasión de robo.
En octubre 2019, ya en libertad, Báez se presentó en la casa de su ex pareja, a pesar de tener una prohibición de acercamiento. Después de cenar, el le propuso a la mujer tener relaciones sexuales y ante su negativa la golpeó y la abusó sexualmente, según consta en la causa.
La víctima logró escapar de la vivienda y solicitó auxilio en una estación de servicio cercana. Cuando fue a radicar la denuncia, la mujer señaló que la relación con Báez había finalizado porque era víctima de violencia de género.
Sin embargo, durante el juicio la mujer cambio el sentido de sus manifestaciones, por lo cual el Tribunal debió analizar si la mujer había mentido o continuaba siendo víctima de violencia lo que la hizo cambiar abruptamente el relato. Finalmente, decidieron tomar el primer testimonio y condenar al agresor a 8 años de prisión por «desobediencia, lesiones leves doblemente agravadas y por mediar violencia de género en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal».
Báez fue al penal de Dolores y la restricción de acercamiento quedó sin efecto luego del juicio. Fue en ese momento, que la ex pareja comenzó a presentarse en las visitas de la cárcel pero le denegaban el acceso sistemáticamente.
A comienzos de este año, Báez presentó un escrito en el Tribunal de turno durante la feria judicial, donde solicitaba autorización para ser trasladado al Registro Civil de Pinamar «para contraer matrimonio» con la que fuese su víctima. Ante esto, el Juez Antonio Severino resolvió que dicha solicitud no se encuentra entre las previsiones de la Ley de Ejecución Penal de la Provincia, ya que «excede lo que se denomina trámite», por lo que no correspondía hacer lugar a lo requerido.
Pero dejó la puerta abierta para que realice una nueva presentación y el caso sea estudiado con mayor profundidad, ya que desde la perspectiva de género, la retractación de la victima de violencia de género podría ser un indicador de que esta no ha cesado. En este sentido, el Juez remarcó: «que el consentimiento que estaría prestando la victima para casarse con su victimario, no sería libre sino de alguna manera viciado por el contexto de violencia de genero en el que se encuentra inmersa».
Inmediatamente, Báez presentó una apelación y logró un fallo contrario, y este viernes 28 de enero se llevará adelante el casamiento en el registro civil de Pinamar, bajo la custodia del Servicio Penitenciario.
Fuente: Minuto Uno
