El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto registró un 1,7% a nivel nacional, consolidando una baja de cuatro puntos respecto del indicador de julio y confirmando una desaceleración en la dinámica de precios. Sin embargo, detrás de la cifra oficial subyace una marcada disparidad en los rubros más sensibles de la canasta familiar —como vivienda, servicios básicos, educación y salud—, cuyos incrementos continúan superando con holgura el promedio general. En diálogo con FM Vos (94.5), el economista José Vargas analizó la sostenibilidad de este proceso inflacionario a la baja, el impacto del tipo de cambio retrasado y el severo costo social que implica el congelamiento de las negociaciones paritarias sobre el poder adquisitivo, el consumo y la actividad económica general.
La anatomía del 1,7%: rubros sensibles, poder adquisitivo y el comportamiento estacional
El resultado de agosto respondió a un comportamiento previsible tras la salida de la estacionalidad de las vacaciones de invierno que impactaron en julio. Pese a la desaceleración del promedio general, los gastos fijos que componen la estructura de costos de los hogares mantuvieron una tendencia alcista, reduciendo el margen del ingreso disponible. «El 1,7% de agosto era un número esperable teniendo en cuenta la evolución previa de la actividad económica y entendiendo que agosto no es un mes estacional como julio, donde impactan de lleno los rubros vinculados al receso. Sin embargo, al desagregar ese porcentaje, vemos que áreas de las más sensibles —como educación, vivienda, servicios básicos y salud— han crecido mucho más del doble del promedio. Son rubros que golpean de lleno en el ingreso disponible de una familia», dijo José Vargas al inicio de la charla.
«Seguramente vamos a continuar con una tendencia que oscilará entre el 1,5% y el 2%, dependiendo de la estacionalidad de cada mes. La baja actividad económica y la estabilidad del dólar colaboran para que la inflación se mantenga en estos valores, por lo menos hasta fin de año. El problema es que una familia, cuando mira estos niveles de inflación, siente que no están directamente relacionados con el impacto real en su bolsillo, porque el salario va por un lado con el aumento de las cosas que más consume y la inflación promedio va por el otro», explicó.
El salario como ancla inflacionaria y el límite del consumo
Una de las herramientas centrales para sostener la tendencia bajista ha sido el techo impuesto por la Subsecretaría de Trabajo a la homologación de acuerdos paritarios. Si bien esta contención salarial frena la inercia de precios, Vargas advirtió que la estrategia genera una parálisis en las ventas y un sobreendeudamiento en las familias. «El tipo de cambio y el crecimiento salarial son las dos o tres herramientas que el gobierno utiliza para evitar una inflación más alta. El piso salarial nominal crece de una manera, pero el real lo hace de otra. Coincido en que mantener a raya las paritarias está incidiendo de manera directa para que los índices sigan relativamente bajos, pero es un problema a mediano plazo porque se empieza a notar en el humor social», declaró en otro tramo de la entrevista.
«El ingreso disponible cada vez se achica más mientras los gastos fijos —como alquileres, tarifas, educación y prepagas— crecen a una velocidad mucho mayor. Esto genera niveles de morosidad y un alto endeudamiento en las familias. La contención salarial es un caballito de batalla para el gobierno y va a hacer todo lo posible por mantener la inflación baja, pero el costo es enfriar la economía para ganar tiempo de cara al año electoral, sin mostrar datos reales de consumo o de actividad económica», observó.
El atraso del tipo de cambio y los riesgos del año electoral
En el frente cambiario, el mantenimiento del dólar como ancla contra los precios plantea interrogantes sobre la competitividad del país y la sostenibilidad de la pauta cambiaria hacia el cierre del año, en medio de pronósticos privados que proyectan cotizaciones superiores a las previstas oficialmente. «El mercado cambiario es otra de las anclas centrales. El gobierno de Milei no permite que se mueva demasiado porque le complicaría el objetivo inflacionario, pero a costa de perder competitividad. Tener un tipo de cambio sumamente bajo es un problema que, previo a un año electoral, puede derivar en complicaciones severas», advirtió el economista.
«No es descabellado pensar en un dólar acercándose a los $1.650 o $1.800 hacia fin de año. El dilema central es que, si la cotización se mueve por encima de los valores previstos, se desestabilizará el objetivo de tener un IPC lo más bajo posible. Es un riesgo que el gobierno ha decidido correr en un escenario cruzado por la inestabilidad política y las urgencias del calendario electoral», completó.
