Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), advierte sobre las consecuencias de la Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que eliminó cerca del 80% de su normativa vigente. El sector teme por la credibilidad del producto, la trazabilidad de la cosecha y la falta de información crucial para la toma de decisiones.
El proceso de desregulación del organismo vitivinícola nacional no es un hecho reciente, sino que se enmarca en un contexto de reformas mayor. «Esto no viene de ahora. Este proceso se inició con el DNU que transformaba al Instituto en un organismo centralizado», explicó Villanueva a FM Vos 94.5.
Cuando la normativa inicial no prosperó, hubo un consenso sectorial sobre los controles mínimos. «Se reunieron provincias, entidades y gente relacionada con el sector, y acordaron bastante rápido diez normas o reglamentaciones que debían mantenerse para la estructura mínima del INV y que pudiera seguir cumpliendo sus funciones. Luego apareció la gente de desregulación, que evidentemente no tiene los mismos criterios que Agricultura, y con un plumazo, se eliminaron 970 normas», declaró.
Si bien el sector reconoce la necesidad de modernización, la eliminación fue drástica e indiscriminada. «Seguramente gran parte de esas normas son ‘hojarascas’, resoluciones sin aplicar. Todos estamos de acuerdo en que había que desburocratizar y limpiar. Pero quedaron cosas complejas en ese montón, hechas por gente de Buenos Aires con un solo criterio para sacar normas, y no con un criterio de funcionalidad que se pregunte: ‘¿Qué necesitamos?», observó en otro tramo de la entrevista.
El desequilibrio entre aptitud y genuinidad
El principal temor de la industria radica en que la desregulación pone el foco en el control sanitario, descuidando la autenticidad del vino argentino. «El Instituto tiene dos conceptos que proteger: la aptitud para el consumo y la genuinidad. Esta eliminación pone énfasis en la aptitud para el consumo. Algo puede ser apto para el consumo y no ser genuino. Por ejemplo, usted puede tomar un vino que le dicen que es Malbec de tal año, y no serlo, pero es apto para el consumo. A la genuinidad, que es la protección al productor y al consumidor, no se le pone casi ningún énfasis», expresó Villanueva.
«La derogación de normas que implicaban un comprobante de ingreso de uva voluntario hace que el control se postergue hasta la última etapa, cuando el vino ya está fraccionado. Es un mecanismo complejo», agregó en relación con ese mismo tema.
El riesgo del centralismo y la pérdida de trazabilidad
Villanueva insistió en que las reglas mínimas de trazabilidad son fundamentales, no solo para la economía interna sino por los compromisos internacionales. «No podemos perder la estadística ni la trazabilidad, fundamentales porque Argentina firmó acuerdos internacionales para la definición de nuestro producto. La viticultura no es una bebida simple como las colas o las cervezas; acá hay 5.000 o 6.000 marcas y 500 bodegas fraccionando. Un solo error puede quitarnos mercado. Por eso, la exageración y la soberbia de hacer juegos de guerra en un papel en Buenos Aires, sin consultar a la provincia, es siempre peligrosa», lanzó.
En ese sentido, el dirigente de la UVA destaca que la política vitivinícola es potestad provincial y no nacional, y que las decisiones deberían basarse en consensos locales. «Si no se tienen determinados datos, como información de elaboración o la procedencia del vino (propios o de terceros), no se puede comprobar su origen ni variedad. Esto va a ser una degradación del prestigio que tiene la vitivinicultura», sentenció.
La falacia de las estadísticas privadas
Uno de los impactos más directos es la desaparición de datos cruciales para la planificación del sector, especialmente para los más pequeños. «Las estadísticas tienen que ser públicas para que sean serias, especialmente para la toma de decisiones de pequeños y medianos productores. Preguntarle a cada empresa cuánto vendió o compró no sirve, no lo van a decir, esa es una fantasía extrema que no va a funcionar», consideró el referente del sector.
La falta de datos y controles pone al sector en una situación de alta complejidad de cara a la próxima cosecha. «Entramos en una zona de turbulencia de cara a la próxima cosecha, generando un tema difícil de controlar. Las provincias deben recuperar su protagonismo y tener sus propias herramientas para que esta actividad funcione, evitando que la falta de control termine en que ‘el más vivo sea el ganador'», enfatizó Sergio Villanueva.
Reclamo por un marco mínimo
El sector está unido en el reclamo por recuperar diez puntos de control considerados indispensables. «El sector privado acordó diez puntos básicos que no son una nueva regulación, sino normas naturales que están en una ley vigente. Son lo mínimo indispensable —como un informe final de cosecha o un inventario anual— y son necesarias para mantener la industria ordenada y funcional», destacó.
Villanueva concluyó que el equilibrio es la única postura sensata. «Al pasar la topadora, perdimos estadística, trazabilidad y seriedad respecto a nuestros acuerdos internacionales, afectando el prestigio del vino argentino en el mundo. Los diez puntos de control acordados por el sector privado representan una postura de moderación y conocimiento. Debemos cuidar nuestro gran mercado interno, que consume el 75% de la producción, manteniendo la calidad y el control, porque la promesa de la etiqueta —variedad, año, zona—, por respeto al consumidor, debe ser verdad», cerró.
