Difonso cruzó a Casado: «Se refirió a los mendocinos estúpidos que han soportado la 7722, cuando es una ley que fue aprobada por la Legislatura»

En una encrucijada entre el progreso económico y la preservación ambiental, la provincia de Mendoza se encuentra inmersa en un acalorado debate sobre su incursión en la industria minera. En una serie de eventos recientes que han captado la atención pública, tanto a nivel nacional como internacional, los líderes provinciales han buscado activamente atraer inversiones y potenciar el desarrollo minero en la región.
El gobernador Cornejo, acompañado por funcionarios clave, ha participado en ferias y encuentros mineros tanto en Canadá, Chile y Australia, buscando establecer contactos con potenciales inversores y promoviendo las oportunidades de explotación de cobre en Mendoza. Sin embargo, estas iniciativas han despertado un intenso escrutinio por parte de diversos sectores de la sociedad mendocina, que han expresado preocupaciones sobre el posible impacto medioambiental de dichas actividades.
En el corazón de este debate se encuentra la ley 7722, una pieza legislativa fundamental que limita la explotación con ciertos químicos contaminantes y protege los recursos naturales de la provincia, especialmente el agua. Las declaraciones recientes de la vicegobernadora, que cuestionaron públicamente a quienes apoyan esta ley, han avivado aún más las llamas de la controversia. La sanrafaelina dijo que “La 7722 fue un invento estúpido de los mendocinos”.
En ese contexto, el diputado provincial Jorge Difonso y ex intendente de San Carlos dijo a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que “todos hemos escuchado los insultos y las afirmaciones mediante cuáles la vicegobernadora se ha referido hacia las personas que creemos que la 7722 es una ley importante”.
Difonso, continuando con sus declaraciones, agregó: “En realidad se refirió a los mendocinos, se refirió a los mendocinos estúpidos que han soportado la ley 7722 en estos años, cuando en realidad es una ley que fue aprobada por la legislatura, que después fue ratificada en la Suprema Corte de Mendoza, que la gente en diciembre del 2019 se expresó claramente en apoyo de la ley y que en realidad es una ley que protege los recursos naturales, principalmente el agua, de manera que cualquier actividad que se tenga que desarrollar lo tiene que hacer en esa reglamentación”.
La discusión se ha extendido al ámbito legislativo, donde se ha planteado una reforma del Código Minero que ha generado debate y división en la legislatura. Particularmente polémica ha sido la participación de Impulsa Mendoza, una empresa vinculada al gobierno, en el futuro negocio minero, lo que ha suscitado críticas y objeciones por parte de diferentes actores del sector minero y ambiental.
“Una empresa vinculada al gobierno en donde sería la encargada de digitalizar todas las cuestiones relacionadas con la minería, en donde se expresaron claramente referentes del sector minero, en donde con esto prácticamente se estaría eliminando la igualdad ante la ley” explicó Difonso, anticipando que “habría colisión con normas nacionales”.
Por tal motivo, “eso nos llevó a votar en contra esta reforma, que fue aprobada sorprendentemente con el apoyo del Partido Verde, que en su momento se había manifestado totalmente en contra”.
Además del aspecto ambiental, el debate también se ha centrado en las implicaciones económicas de la actividad minera. Voces críticas han destacado la necesidad de una reforma impositiva que equilibre la carga impositiva entre la industria minera y otras actividades económicas locales. Según Difonso, en una reunión reciente con representantes de la industria y las pymes en el Valle de Uco, se planteó la necesidad de un “mismo trato impositivo que la actividad minera” para impulsar la generación de empleo y estimular el crecimiento económico en la región.
En respuesta a estas preocupaciones, se han presentado diversas iniciativas legislativas, incluyendo propuestas de reforma impositiva orientadas a beneficiar a los ciudadanos y las empresas locales. Estas propuestas buscan abordar no solo las preocupaciones ambientales, sino también las necesidades económicas y sociales de la población mendocina.
En conclusión, el debate sobre el desarrollo minero en Mendoza continúa siendo un tema de gran relevancia y controversia. Mientras el gobierno provincial busca impulsar la industria minera como motor de crecimiento económico, diversos sectores de la sociedad expresan inquietudes sobre el impacto medioambiental y la equidad económica de estas iniciativas.
En este contexto, el desafío para las autoridades y la sociedad en su conjunto será encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, garantizando al mismo tiempo la prosperidad y el bienestar de todos los mendocinos.