Replicando movilizaciones a desarrollarse en diversos puntos del país, este jueves en horas de la mañana se desarrollará una manifestación en el centro local, bajo el eslogan “Discapacidad en emergencia”. La misma es organizada por la Cámara Mendocina de Discapacidad.
En diálogo con FM Vos (94.5) y con Diario San Rafael, Yanina García, integrante de la Cámara Mendocina de Discapacidad, explicó que a las 11:30 horas en el Kilómetro Cero tendrá lugar la concentración que replicará algo que sucederá en muchas ciudades del país, por la falta de puesta en marcha de la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Es una ley que se reglamentó en una parte, salió en el Boletín Oficial, pero todavía a los fines prácticos no hay nada de lo que salió en la ley”, señaló y agregó que el Gobierno se vio obligado a aquella promulgación, pues la normativa ganó un amparo judicial. No obstante, ahora no la aplica y, lógicamente, es lo mismo. “El Gobierno tuvo hasta el 4 de febrero para sacar el decreto; lo sacó el 4 de febrero, pero no está todavía en efecto”, criticó.
Advirtió que “para que las personas con discapacidad accedan al servicio, el Estado nacional y provincial no tienen ningún servicio propio, o sea que lo hace con diferentes efectores de salud, como centros de rehabilitación, centros de día y demás”. “Cuando se sanciona la Ley de Discapacidad, se dispone que eso se va a pagar con un monto mensual de ciertas maneras. Eso a través de todos estos años ha venido haciéndose —siempre hemos tenido algunos desfasajes y situaciones—, pero desde el año 2023 no se actualizó más. Entonces, donde las personas con discapacidad acceden a las prestaciones básicas de rehabilitación, de educación o sillas de ruedas, se desactualizó; por lo tanto, todas esas personas con discapacidad, al no actualizar los aranceles, se quedarían sin la atención”, amplió.
García aclaró que “si no hay prestadores, no hay servicios; entonces parecería ser que es un reclamo por prestadores, pero si los prestadores que hoy hay desaparecen, ninguna de las personas puede acceder al sistema, porque cuando se creó esto fue con un sistema de prestaciones ajeno al Gobierno”. Existe un atraso del 122 % de los aranceles y, además, al no cobrar los prestadores, está la posibilidad de que dejen de trabajar, lo que vulneraría el derecho de acceso. “El desfinanciamiento del sistema de prestaciones básicas afecta directamente el derecho de acceso a la salud”, aseguró y observó que incluso “hay obras sociales que aún no pagan octubre de 2025”.
Cabe decir que, en consonancia con la manifestación, habrá paro en los centros de rehabilitación y educativos-terapéuticos. Además, hay posibilidades de que no se reanuden esas actividades hasta tanto no se reglamente y se ponga en acción la legislación.
