El análisis de la realidad económica argentina ha dejado de ser una discusión sobre variables técnicas para transformarse en una crónica del desamparo social. La defensa del mentado y para algunos dibujado superávit fiscal a cualquier precio ha ingresado en una fase de crudeza que desafía la escala de valores de cualquier sociedad civilizada.
La semana pasada, Gobierno Nacional dispuso quitar 63.000 millones de pesos a la investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer; una decisión que se complementa con una reducción de 20.000 millones de pesos en medicamentos y el recorte de 25.000 millones destinados al fortalecimiento de los sistemas de salud provinciales. La guadaña oficial también alcanzó las partidas de prevención de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, la respuesta al VIH, las hepatitis virales y la salud sexual.
El argumento oficial del inefable Federico Sturzenegger, quien señala que se trata de «quitarle plata a los políticos para devolvérsela a la sociedad», se desmorona frente a la evidencia: en la práctica, se reducen impuestos a la importación de autos de alta gama mientras se desfinancia la terapia de un enfermo terminal o la atención a los discapacitados.
Este escenario de abandono no es patrimonio exclusivo de la salud. A pesar de que Milei insiste en colocar la lucha contra el narcotráfico en el centro de sus prioridades, la realidad operativa desmiente el relato. El «Servicio de Investigación de Operaciones Complejas y Operaciones Antidrogas» de la Gendarmería Nacional sufrió un recorte de 1.819 millones de pesos, al punto de que los propios efectivos carecen de combustible para sus móviles en plena persecución del delito. La desidia se extiende a la educación y la ciencia. Y siguen las firmas…
La mayor contradicción del modelo radica en que este sacrificio humano convive con el florecimiento de privilegios en el seno del propio oficialismo. Mientras el ciudadano de a pie asiste al desbordamiento de los hospitales públicos ante el retiro de coberturas del PAMI, la estructura libertaria exhibe las peores conductas de la «casta» que prometió combatir. Los informes oficiales revelan astronómicos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Diego Spagnuolo, amigo personal del Presidente, al tiempo que diputados oficialistas como el jujeño Manuel Quintar —un empresario históricamente vinculado a los contratos estatales con el peronismo y Milagro Sala— ostentan vehículos de lujo como el Cybertruck de Tesla en las puertas del Congreso, justificados por el mandatario como un derecho de propiedad privada.
La pregunta del millón -o de los millones- es si este ajuste salvaje posee alguna lógica de sustentabilidad o si se trata simplemente de una crueldad inútil. Provocar una recesión de tal magnitud destruye la recaudación fiscal, obligando de manera sistemática a iniciar un nuevo ciclo de recortes sobre lo ya recortado.
Destruir las funciones esenciales del Estado en nombre de un dogma macroeconómico no es un plan de estabilización; es una política de demolición deliberada. El topo que vino a destruir el Estado desde adentro -según se autodefinió el propio Milei- parece estar logrando su objetivo, dejando a su paso un país real que ya no debate su futuro político, sino su propia supervivencia biológica.
