El debate sobre el presupuesto y la austeridad en Argentina ha puesto en el centro de la escena a un pilar fundamental de nuestra identidad: la educación pública. Sin embargo, la discusión a menudo se reduce a una cuestión de números, de déficit y de gasto, ignorando que la educación en nuestro país no es una simple erogación, sino la columna vertebral de la sociedad y el motor de la movilidad social. Desfinanciarla, como parece ser la intención del gobierno, no es un ajuste más; es una apuesta de alto riesgo que hipoteca el futuro de la nación.
En las vísperas de una semana caldeada en el Congreso, el Gobierno profundizó el ajuste a las provincias y a las universidades pese a que el Congreso buscará insistir en dos leyes para reforzar las partidas en ambos rubros.
En la última modificación que realizó sobre el presupuesto, el Poder Ejecutivo redujo en $40.267 millones las transferencias a las universidades nacionales y les rebanó a las provincias casi $130.000 millones en transferencias corrientes y de capital para obras públicas.
Ambos recortes forman parte de una poda más amplia por un total de $493.591 millones (0,4 punto del PBI), la cual quedó oficializada en la decisión administrativa (DA) 23/25 del jueves pasado.
Un túnel sin luz al final
En 2023, el presupuesto para Educación era del 1,48% del PBI. Tras su asunción, el gobierno de Javier Milei llevó adelante un ajuste de casi el 40% en esta área, para llevar la inversión al 0,91%. En 2025 el gasto fue del 0,88%, mientras que para 2026 se prevé que caiga al 0,75%, según un informe de Ctera.
Las universidades nacionales han sido de las más perjudicadas a la hora del ajuste. El presupuesto para 2025 es de 3.8 billones, mientras que el de 2026 establece 4.8 billones, un aumento del 26% con una expectativa inflacionaria oficial (que jamás se cumple) del 10%. Pero es importante tener en cuenta que en 2024 los fondos universitarios sufrieron una caída real del 30% en sus ingresos: fue el año con menor inversión desde 2004. Los responsables de las casas de estudio dicen que se necesitan, al menos, unos 3 billones más.
El cimiento de la sociedad
La realidad es contundente y habla por sí sola: el 75% de los alumnos de nivel primario, el 80% de los de secundaria y más del 77% de los universitarios de Argentina se forman en el sistema público. Esto demuestra la inmensa responsabilidad social que carga sobre sus hombros. Y aquí, en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), con sede en toda la provincia, o la Universidad Tecnológica Nacional se erigen como claros -de muchos- ejemplo de este rol fundacional. Son lugares donde miles de jóvenes, de todas las clases sociales y de todos los rincones de la provincia, acceden a una formación de calidad.
A lo largo de nuestra historia, este sistema ha sido el único camino para que millones de personas, muchas de ellas hijos de inmigrantes o de familias humildes, accedan a un título ya una vida profesional digna. La educación pública ha sido el verdadero motor de la movilidad social ascendente y, por primera vez, una posibilidad concreta para todos.
La amenaza del desfinanciamiento: un acto ideológico
El discurso del actual gobierno nacional -con demasiados socios locales en la “operación-, que ha llegado a calificar a las universidades de «lugares de adoctrinamiento», busca deslegitimar y desmantelar un sistema que, precisamente, ha sido el gran igualador social. El ataque presupuestario no es solo una medida económica; es un acto profundamente ideológico. Al reducir la inversión en educación a un mero «gasto ineficiente», se ignora su rol como la inversión más rentable para un país, aquella que genera capital humano, innovación y, sobre todo, una ciudadanía más crítica y mejor preparada. Un país que no invierte en la mente de sus ciudadanos está condenado a la dependencia y al subdesarrollo.
El futuro en juego: ¿Qué sociedad queremos?
La pregunta que debemos hacernos no es si se puede vivir con menos presupuesto para la educación, sino qué tipo de país queremos construir. ¿Uno donde el acceso al conocimiento depende del poder adquisitivo? ¿O uno donde la igualdad de oportunidades sea un derecho garantizado para todos? Desmantelar la educación pública es renunciar a la posibilidad de tener una sociedad más justa, más equitativa y con más herramientas para enfrentar los desafíos del futuro. Defenderla, en cambio, es defender el proyecto de nación que, pese a todos los vaivenes, nos ha mantenido a flote. Al menos hasta ahora, que las olas son cada vez más amenazantes.
