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martes 28, de junio , 2022

El Azufre: piden que la Fiscalía de Estado investigue una situación que ya resolvió

«No existen objeciones jurídicas que formular al trámite de asignación». Esa frase técnica es la que se destaca en el dictamen del fiscal de Estado, Fernando Simón, quien dio el visto bueno para que el gobierno provincial avance en la cesión de más de 12.000 hectáreas a los propietarios de la empresa El Azufre para el desarrollo de un centro de esquí en Malargüe.

Si bien el organismo de control ya desestimó irregularidades en la cesión de exactamente 12.351 hectáreas ubicadas en la zona de “Campo Potreros de Cordillera – Norte”, la oposición y abogados pusieron en duda el trámite.

“Estamos frente a un hecho que puede tener una gravedad y que puede terminar en ribetes inimaginables porque este hecho se ha perpetrado a través de la acción administrativa firmada por el propio gobernador», lanzó este lunes el senador Lucas Ilardo (Frente de Todos), quien realizó un pedido de informe en la Legislatura para que el Ejecutivo de explicaciones.

También el abogado Ricardo Pont anticipó en LVdiez que solicitará que Fiscalía de Estado «investigue esta situación que para nosotros es absolutamente irregular».

Pont, quien asegura que defiende a puesteros del sur provincial en otras causas judiciales, advirtió que las tierras donde se pretende instalar el centro de esquí son usadas para alimentar a los animales en el verano. «Los puesteros efectivamente las han ocupado desde toda la vida a esas tierras», denunció. “El hecho es que han sido avasallados, porque hay puesteros que hace años que han pedido al Estado que se los escriture y de repente aparece esto», agregó el exintendente de Tunuyán.

Más allá de esas acusaciones, la Fiscalía de Estado ya resolvió a favor de la cesión. Lo hizo el 22 de diciembre de 2021, a través de un dictamen de siete carillas que lleva la firma de Simón.

Allí el fiscal se refirió a «la ocupación de los terrenos por la propia empresa El Azufre S.A., habiendo invertido allí en estudios y en la ejecución de instalaciones y trabajos concretos para su emprendimiento turístico proyectado». Se trata de un centro turístico y deportivo, sustentable y de gran envergadura con características únicas en Sudamérica.

De acuerdo con un relevamiento oficial, no existen conflictos legales con puesteros de la zona. Con los herederos de dos de ellos la empresa llegó a un acuerdo para la cesión de derechos. La firma además ya invirtió «en estudios y en la ejecución de instalaciones y trabajos concretos para su emprendimiento turístico proyectado», destaca el dictamen.

En conclusión, para la Fiscalía de Estado:

  • «Es viable la asignación de los Sectores 1 y 8 del ‘Campo Potreros de Cordillera – Norte’ a la empresa solicitante El Azufre».
  • «Específicamente, su ocupación preexistente sobre los terrenos donde se desarrolla el proyecto, las inversiones ya realizadas en ellos y el destino turístico como objeto principal de su emprendimiento son los extremos que sostienen la legitimidad de su pretensión por derecho propio».
  • «No existen pedidos en trámite… que se superpongan con los inmuebles pretendidos por El Azufre SA».
  • «Al no haber otros interesados no existe obstáculo para su asignación a la empresa solicitante».
  • «Desde la perspectiva del control que Fiscalía de Estado ejerce…, no existen objeciones jurídicas que formular al trámite de asignación».
  • «El análisis de la documentación aportada por la empresa y su valoración como acreditación suficiente de los extremos fundantes de su pretensión, en tanto son mencionados expresamente en la motivación del decreto a emitir, quedan reservados a los órganos competentes de la Administración».
  • «El análisis realizado por esta Fiscalía…, parte de tomar como fehacientes las afirmaciones de los informes y dictámenes de dichos órganos sobre esa documentación y sobre los extremos fácticos a los que se refiere, en tanto resultan fundados, concordantes y no existen en autos elementos que los controviertan«.
  • «El control efectuado por Fiscalía de Estado se circunscribe a la legitimidad del procedimiento, sin que su pronunciamiento importe manifestación alguna sobre cuestiones técnicas (ajenas a su incumbencia) o de mérito, oportunidad o conveniencia (asignadas a los órganos de la administración activa)».

Fuente: El Sol

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