Los medios de comunicación y, en particular, las redes sociales, sumadas a nuestras convicciones democráticas y la libertad de expresión, nos suelen llevar a proclamar que todos tenemos un indiscutible derecho a opinar. Sin embargo, esa expresión encarna una falacia lógica con la cual se desacredita cualquier oposición reclamando un derecho. Cuando afirmamos la existencia de un derecho a opinar, no necesitamos tener que ofrecer alguna justificación por nuestra opinión. Tenemos derecho, punto.
Sin embargo, las opiniones tienen un alto grado de subjetividad e incertidumbre y, según algunas posturas, no tenemos derecho a opinar, sino solamente a expresar lo que podemos defender. Tenemos derecho a elaborar y defender un argumento. Ofrecer una opinión nos impone una enorme responsabilidad de cuestionar nuestros procesos de ideas y de quedar abiertos a la posibilidad de estar equivocados.
Si por «todo el mundo tiene derecho a su propia opinión» expresamos solamente que las personas pueden decir lo que deseen, la frase es una evidente y aburrida declaración, al menos en un entorno democrático. Sin embargo, si con ese señalamiento queremos decir, como se hace a menudo, que las opiniones de cada persona deben considerarse como iguales contendientes por la verdad, entonces el señalamiento es claramente falso. La verdad no es relativa, no es cuestión de opinión.
Tendemos a confundir nuestro derecho democrático a tener opiniones con la idea de que todas las opiniones tienen igual valor. Y no es así. Algunas soluciones son mejores que otras. El hecho de que alguien crea algo no lo convierte en verdad. Una creencia no puede ser su propia justificación.
Tenemos derecho a dar nuestras opiniones y todos los demás también tienen derecho a ignorar nuestras opiniones. Quizás cuando comprendamos eso comenzaremos a tomar seriamente nuestras responsabilidades filosóficas y ofrecer opiniones más razonadas.
