La decisión del Gobierno nacional de avanzar sobre el régimen de subsidios por zona fría es una nueva y sistemática avanzada del mileísmo contra las economías y los bolsillos del interior del país. Recordemos que que ya lo había intentado en anteriores discusiones legislativas. Ahora, nuevamente pretende eliminar una herramienta de equidad territorial para imponer un ajuste ciego a las necesidades reales de nuestra gente.
Esta medida nos obliga a mirar el sufrimiento social que ha profundizado el propio programa económico nacional. Las familias sanrafaelinas, los comerciantes y las pymes ya soportan el peso de una crisis fenomenal, signada por la caída estrepitosa del consumo, el aumento de las tarifas y salarios que corren muy por detrás de la inflación. En este delicado escenario, quitar un beneficio que amortigua el costo del gas durante los meses de invierno significa un golpe letal que empujará a miles de hogares a la exclusión.
El discurso oficial insiste en llamar «privilegio» a lo que en realidad es una compensación indispensable para quienes habitamos regiones con inviernos rigurosos. No es lo mismo calefaccionar un hogar en el llano de Buenos Aires que en el corazón de Mendoza. Desproteger a nuestra comunidad demuestra una nueva -una más- crueldad de parte de lo que ya podría catalogarse como el gobierno más insensible de la historia argentina.
La defensa de San Rafael y su región requiere hoy de un federalismo firme, que no se arrodille ante las filminas del equilibrio fiscal. En ese sentido, los legisladores nacionales por nuestra provincia podrían tener un rol fundamental. Habrá que ver si votan defendiendo a quienes los votaron o se prevalecen las alianzas partidarias, como ya ha ocurrido con otros proyectos que impulsó el Ejecutivo nacional y que fueron apoyados a pie juntillas por senadores y diputados mendocinos.
La verdadera República no se construye ahogando a las provincias, sino reconociendo el esfuerzo y la supervivencia de quienes producen y habitan el interior de la Patria. Permitir este atropello sería seguir convalidando un modelo que no repara en absoluto en la calidad de vida de los argentinos.
