El Gobierno chocó con la necesidad de negociar ,en el Congreso y enfrenta la presión de reformular la estrategia para sacar la ley ómnibus y el DNU

Javier Milei se chocó con el funcionamiento del sistema político al que tanto criticó. Sobre todo la dinámica interna del Congreso de la Nación donde están el DNU de desregulación de la economía – que ingresó ayer por el Senado – y el proyecto de ley ómnibus, que la semana próxima empezará a tratarse en comisión, en medio de un clima muy tenso sostenido, en gran medida, por Unión por la Patria (UP) y la izquierda.

El Presidente tuvo que ponerle punto final a su decisión de empujar el proyecto de ley, que contiene 664 artículos, con la idea de que no tenga cambios. Con el correr de las horas y alertado por algunos funcionarios de confianza, se dio cuenta que era imposible que la ley vea la luz sino cambiaba la postura y empezaba una etapa de negociación. Algunos diputados de su fuerza ya lo habían advertido en la semana y reconocieron que no quedaba otro camino que discutir y ajustar el texto para lograr su aprobación.

Esa modificación se produjo el jueves en la Casa Rosada con la concesión que el ministro del Interior, Guillermo Francos, le hizo a los gobernadores patagónicos para modificar artículos vinculados a la pesca. Esa señal de cambio activó la posibilidad de que otros sectores de la oposición reclamen lo suyo y el Gobierno se vea obligado a tener que armar mesas de discusión – físicas o virtuales – para empezar el juego del toma y daca.

En definitiva, el Presidente y los libertarios de pura cepa tuvieron que acceder al campo de la política tradicional para despejar obstáculos y construir un puente hacia la aprobación. El martes de la semana próxima la ley ómnibus comenzará a tratarse en la comisión de Legislación General, que preside el diputado cordobés de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni. Será el punto de partida de una discusión que se anticipa ardua y un termómetro para medir con exactitud dónde está parado cada bloque de la oposición.

El oficialismo empezó a mostrar que está dispuesto a negociar para sacar la ley ómnibus adelante (Fotos: Gino Mantovani. Comunicaci—n Senado)

“Todo lo que está en la ley y en el DNU forma parte de una estructura de transformación. Lo que no significa que todo tenga el mismo nivel de importancia. Empiezan a aparecer matices para negociar y modificar”, se sinceró un importante funcionario del gobierno nacional. Entender que el camino es distinto al trazado desde el arranque puede llegar a ser – en el caso de que se profundicen las negociaciones – el cambio clave para encontrar apoyo parlamentario y salir del pantano en el que el Gobierno se hundió solo.

Hay pocos interlocutores del oficialismo con los distintos sectores que componen el mundo político. La red de dirigentes es muy corta y la falta de muñeca para evitar que estallen conflictos en las distintas terminales de poder es casi nula. La CGT, por ejemplo, se queja porque nadie habla con ellos. Fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, el único que les anticipó algunos datos de la reforma laboral. Pero no los más profundos.

Nadie los intentó convencer de que no hagan el paro de 12 horas diagramado para el 24 de enero. Ni buscaron abrir un canal de diálogo para bajar la tensión a pocos días de arrancar la gestión. Ni con ellos ni con los movimientos sociales, que el lunes se reunirán bajo el techo de la UTEP para definir cómo seguir después de varios intentos de pedir reuniones y no tener respuesta. “No creen en el diálogo”, fue la sentencia de uno de los dirigentes sociales más influyentes.

En Gobierno creen, con justa razón, que el movimiento obrero está deslegitimado y que el paro será contraproducente, ya que la mayoría de la gente respalda el cambio profundo que encaró Milei. Incluso fue Sergio Massa el que el jueves, durante un almuerzo con la cúpula de la CGT en el sindicato del Seguro, les dijo a los principales dirigentes que deben manejar bien los tiempos para que no se los acuse de poner palos en la rueda.

Les advirtió que la convocatoria a la medida de fuerza era apresurada y que la sociedad primero debe visibilizar y cuantificar el daño que le generan las políticas de Milei. En caso contrario, el paro será un bumeran. En esa reunión la central obrera le propuso formar parte de una mesa política junto a gobernadores y legisladores del peronismo para empezar a debatir la renovación partidaria. Apuntan a armar un encuentro a fin de este mes.

Más allá de que la CGT posee una imagen negativa muy alta en la mayoría de la sociedad, tiene un poder de convocatoria y representatividad de los trabajadores formales que vuelven necesaria la construcción de un canal de diálogo. Confrontar con los gremios, la oposición, la justicia y algunos sectores productivos al mismo tiempo, no parece ser el camino más viable para gestionar con estabilidad. “Es un gobierno muy inexperto. Francos quedó desempoderado y no hay interlocutores. No funciona así”, se quejó un peso pesado de la central obrera. Los reproches brotan con facilidad y a toda hora.

En la CGT se quejan porque no tienen interlocutores y mantienen el paro del 24 de enero (Télam)

En paralelo a la falta de canales de diálogos, el camino hacia la aprobación de la ley ómnibus y del DNU empezó a estar minado de recursos de amparo y denuncias de inconstitucionalidad. En la última semana la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) presentó un recurso para que el DNU sea declarado inconstitucional. La Federación Argentina de Municipios (FAN), que nuclea más de 500 intendentes del país, realizó otra presentación que ya avanzó en el Juzgado Contencioso Administrativo N°6. Ya se habían presentado también recursos de amparo de la CGT y la CTA.

En el peronismo son conscientes de que Milei cuenta con un alto nivel de aprobación en la gente y que, en alguna medida, esa popularidad limitad su accionar. Da cuenta de eso el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), de la Universidad Torcuato Di Tella, – que registra de manera regular la percepción de la gente sobre el gobierno nacional – que determinó que la confianza en el Gobierno de Javier Milei aumentó 102,1% y alcanzó niveles récord.

Esa confianza, entienden en el sector más duro de la oposición, comenzará a derrumbarse en los próximos dos meses, cuando los precios suban exponencialmente, como consecuencia del espiral inflacionario que generó la fuerte devaluación de diciembre. Piensan también que la gente que aún conserva la esperanza de cambio, empezará a sentir el rigor del ajuste y los aumentos, y eso cambiará la percepción sobre el Presidente.

Ese cambio de humor que proyectan en el peronismo empezó a verse en el universo digital. Un informe de la consultora Ad hoc, que analiza en forma permanente las conversaciones en las redes sociales, registró que semana a semana crece la negatividad alrededor de las menciones sobre el Presidente y su gobierno. El quiebre de popularidad positiva se produjo el día que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció las primeras medidas y la devaluación del 118%.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, junto al tucumano Osvaldo Jaldo, uno de los gobernadores del PJ más dialoguistas

El escenario político está convulsionado en el comienzo del año y Milei ha decidido apelar a la voluntad popular del balotaje como principal argumento para sostener su avanzada. Pero, al mismo tiempo, se chocó con los resultados de la decisión de la sociedad en la elección general, donde quedó tercero, detrás de Patricia Bullrich y Sergio Massa. En esa elección se renovó la mitad del Congreso y Unión por la Patria quedó como la primera minoría en las dos cámaras. Con esas cámaras legislativas hoy está litigando poder y gobernabilidad.

Ahora que el tiempo apremia, que la popularidad empieza a sufrir sus primeras grietas y que los precios aumentan a toda velocidad, el oficialismo tomó nota de su debilidad parlamentaria. Solo tiene 38 diputados y 7 senadores. Deberá construir acuerdos permanentes más allá de la sociedad con el PRO. Sino quedarán expuestos y débiles en una gestión que recién comienza y que necesita mostrar autoridad pero, al mismo tiempo, capacidad de poder sostener los ejes políticos y económicos del plan Milei. Para eso necesitarán votos en el Congresos y menos enemigos públicos.

Fuente: Infobae