El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que en las próximas horas el Gobierno nacional reglamentará el decreto que establece la libertad de elección de obras sociales desde el comienzo de una relación laboral.
«Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de la contratación», dijo Adorni en su habitual conferencia en Casa Rosada.
El portavoz presidencial destacó que «durante décadas esto no pudo ser así» y celebró que esta medida le dé «mucha más libertad» a los trabajadores.
La reglamentación, aclaró, «busca terminar con la obligatoriedad de darte de alta en un empleo y quedar preso en la obra social que corresponda al sindicato que te nuclea», explicó, y afirmó que «el objetivo es darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas».
Desde el Gobierno aclararon, además, que los beneficiarios «podrán elegir una obra social o prepaga sin ningún tipo de intermediación» y que «podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral».
El de los fondos de las obras sociales ha sido, a través de los años, un tema siempre sensible y desde hace algunos días en la Casa Rosada se venía anticipando que encararían ese conflictivo tema.
En la agenda entre las partes también se encuentra el irresuelto Consejo de Salario Mínimo y la convocatoria a paritarias docentes, punto que el Gobierno insiste en derivar a las autoridades provinciales.
«Seguramente esta semana haya reuniones entre las partes para tratar de destrabar el conflicto», dijo Adorni.
Aunque se intentará insistir retóricamente en que son las jurisdicciones las que deben fijar los sueldos, también se entiende que «a nadie le conviene que las clases no se inicien», reconocieron hoy fuentes de Balcarce 50.
Todas esos frentes se dan en un escenario en el que la CGT volvió a abrir la posibilidad de un nuevo paro general.
Ayer, el cosecretario general de la CGT y líder del sindicato de los trabajadores de la Sanidad, Héctor Daer, consideró que «va madurando» en la central obrera la posibilidad de realizar una nueva medida de fuerza, en el marco de un «feroz aumento de la pobreza».
«Se va madurando por la propia actitud de ajuste que tiene el Gobierno», respondió Daer ante una consulta acerca de si la CGT evalúa llevar adelante una huelga, tal cual hizo el 24 de enero pasado a nivel nacional y por el lapso de 12 horas.
Hace tan sólo dos días, el otro cosecretario general, Pablo Moyano, pronosticó que marzo «será un mes muy conflictivo», dijo que «el interior del país es un polvorín» y confirmó las deliberaciones internas sobre la medida de fuerza.
«El Consejo de la CGT está autorizado para tomar las medidas necesarias, no vamos a poner fechas todavía, pero se está discutiendo el paro general», dijo
En una clara advertencia, Moyano advirtió a Milei que «se prepare» porque señaló que, desde la CGT, no serán «meros espectadores de cómo van a ir destruyendo el país y del avasallamiento a los trabajadores».
Mientras tanto, este miércoles el gremio ferroviario de La Fraternidad tendrá su propia medida de fuerza y su titular, Omar Maturano, consideró que la CGT debe convocar al paro.
«Tenemos que hacer un paro general por nosotros, pero también por los jubilados, por el trabajo, por la reforma laboral del DNU», explicó el dirigente de La Fraternidad en declaraciones a El Destape Radio.
PARITARIA DOCENTE Y MEDICAMENTOS
Por su parte, al ser consultado por la paritaria nacional docente, que aún no fue convocada por el Gobierno y forma parte de uno de los principales reclamos de gremios de la educación para garantizar el inicio de clases en tiempo y forma, Adorni respondió que «seguramente esta semana haya reuniones entre las partes para tratar de destrabar el conflicto».
Además, el vocero presidencial se refirió a una denuncia presentada por el Ministerio de Capital Humano por «irregularidades en la compra de medicamentos destinados a pacientes oncológicos o con patologías crónicas durante la gestión anterior» de gobierno.
Al respecto, Adorni expresó que se trataba de un «proceso absolutamente impune» al que definió como «la parte más cruel de la casta política» que incluía, detalló, «presupuestos aprobados sin firma» o «compras por correo electrónico sin comparativas con otros proveedores».
Más allá de estos controles que dieron lugar a la denuncia, el funcionario garantizó que «todos los que necesiten medicamentos los van a seguir recibiendo».
Acerca del reclamo de organizaciones sociales por la falta de alimentos en comedores, el portavoz aseguró que «se sigue asistiendo a todos los que se asistía antes» pero «sin intermediarios».
«Se sigue asistiendo a todos los que asistían antes. Se han eliminado los intermediarios y todo convenio que se venció o comedor o cualquiera otra institución que asistía en el día a día a personas vulnerables y que ha cumplido con todo lo que el Ministerio de Capital Humano ha pedido, se lo sigue asistiendo», explicó.
Y en esa línea desmintió de manera tajante: «Que se haya cortado la asistencia a todos los comedores es absolutamente falso».
