El Gobierno nacional eliminó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en el marco de un proceso de reorganización y simplificación regulatoria para la industria del vino. La medida, oficializada este viernes mediante la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, busca reducir la burocracia, eliminar la intervención estatal en las etapas productivas y concentrar los controles en los productos finales.
Según detalla la norma, el organismo de control y promoción dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias de la cadena vitivinícola —como el cultivo de la vid, la cosecha, la elaboración o el transporte—, para enfocarse en verificar la calidad y autenticidad del vino embotellado, garantizando que los productos comercializados sean aptos para el consumo y no estén adulterados.
El nuevo régimen regulatorio modifica de manera sustancial el alcance del INV, que pasará a desempeñar un rol centrado en la trazabilidad final y en la transparencia del producto terminado, en lugar de controlar cada etapa del proceso productivo.
Además, la resolución establece que las certificaciones de origen, añada y varietal dejarán de ser obligatorias y pasarán a tener carácter optativo. De esta manera, los productores podrán gestionar sus propios sistemas de trazabilidad o delegarlos en entidades privadas, en función de las exigencias comerciales de cada empresa o mercado.
El esquema alcanzará a productores de uva, bodegas, fábricas de mosto, espumosos y productos enológicos, así como a platas fraccionadoras, distribuidores, exportadores, importadores y laboratorios enológicos.
De este modo, y en línea con su política general de desregulación económica y reducción del peso del Estado en los procesos productivos, el Ejecutivo nacional busca aliviar la carga administrativa sobre el sector.
La simplificación apunta a “modernizar la estructura normativa del INV” y a mejorar la competitividad de la industria vitivinícola en el mercado interno y en las exportaciones, precisaron fuentes consultadas al respecto.
Asimismo, argumentan que la eliminación de normas obsoletas permitirá una mayor agilidad operativa para las bodegas y empresas del rubro, al tiempo que mantendrá los estándares sanitarios y de calidad exigidos a nivel nacional e internacional.
Si bien la resolución fue valorada por algunos sectores como una oportunidad para simplificar trámites y reducir costos, otros actores de la cadena vitivinícola advirtieron la necesidad de mantener mecanismos claros de control de calidad y trazabilidad, especialmente en los productos con Denominación de Origen Controlada (DOC) y certificaciones de exportación.
Sin dudas, la decisión representa uno de los cambios más profundos en la estructura del INV desde su creación, y marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la industria del vino, una de las actividades emblemáticas de la economía argentina y en la que Mendoza representa una ineludible referencia a nivel global.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/el-gobierno-elimino-973-normas-del-inv-para-reducir-la-regulacion-en-la-industria-vitivinicola/
