El Gobierno instruyó a los ministerios a profundizar el ajuste del gasto público en medio de una caída sostenida de la recaudación tributaria, que ya acumula ocho meses consecutivos. La decisión apunta a resguardar el superávit fiscal y cumplir con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto de mayores presiones sobre las cuentas públicas.
Según confirmaron a TN fuentes oficiales, la Casa Rosada definió una nueva pauta presupuestaria para el gabinete. El esquema contempla un recorte adicional del 2% en el gasto corriente y del 20% en el gasto de capital. Desde el Ejecutivo evitaron precisar el monto total de ahorro que se busca alcanzar. Tampoco dieron detalles sobre cómo se aplicará el recorte en cada área.
La medida se inscribe en el plan de ajuste que ya venía en marcha. “La motosierra sigue”, dijeron las fuentes consultadas por TN. Hasta marzo se registraba una reducción del gasto del 3,3% en rubros clave como la obra pública, las transferencias a provincias y los salarios del sector público. La baja en los ingresos fiscales fue el factor determinante para avanzar con una nueva ronda de recortes.
El frente fiscal, además, enfrenta condicionantes adicionales. Por un lado, iniciativas legislativas en discusión podrían incrementar el gasto o afectar la recaudación.
Entre ellas se menciona el proyecto de financiamiento universitario impulsado por la oposición y la reforma laboral. Por otro lado, el programa económico está atado al cumplimiento de una meta exigente con el FMI.
Cn el organismo, pactó un superávit primario de 2,2% para este año, aunque en el Presupuesto 2026 lo estableció en 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
Según los últimos datos oficiales, en el primer bimestre, acumuló un superávit primario cercano al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit financiero equivalente al 0,1% del PIB.
En lo que va del año, varias partidas mostraron caídas significativas. Los salarios del sector público, uno de los componentes más relevantes del gasto, registraron una baja del 6,1% en el primer trimestre, al pasar de $3,9 billones a $3,7 billones a valores corrientes. También se redujeron las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), con una caída del 3,7%, desde $3,2 billones a $3 billones.
Otros rubros evidenciaron ajustes más profundos en términos porcentuales. Los programas sociales disminuyeron un 29,8%, mientras que las transferencias a provincias cayeron un 50,9%. En contraste, los subsidios económicos —que incluyen el financiamiento estatal de tarifas de servicios públicos— aumentaron cerca de un 67% interanual.
Este comportamiento se dio incluso en un contexto de reducción de subsidios impulsada por la Secretaría de Energía. Distintos análisis atribuyen el incremento a la cancelación de deudas acumuladas con el sector energético, que fueron saldadas a comienzos de año.
En paralelo, otro indicador que sigue de cerca el FMI muestra una tendencia creciente: la deuda flotante. Se trata de los compromisos de gasto que fueron devengados pero no efectivamente pagados, es decir, obligaciones que quedaron pendientes.
Hasta marzo, ese pasivo ascendía a $3,3 billones. En términos relativos, representa casi el 10% del gasto comprometido, lo que implica que una porción relevante de las erogaciones presenta demoras en su cancelación.
El detalle por rubros muestra niveles elevados en áreas específicas. Los gastos de capital —vinculados principalmente a obra pública— concentran una deuda flotante equivalente al 41,8% de los compromisos asumidos. En tanto, en bienes y servicios el porcentaje alcanza el 29,8%, y en remuneraciones, el 11,3%.
Fuente: TN.
