La paralización de obras del gasoducto y la incertidumbre ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional, aceleraron una medida cautelar por parte del Municipio de San Rafael para que la Justicia Federal disponga preservar los avances de la inversión (está en un 90%) y garantizar la tenencia de fondos para poder concluirla.
A través de un comunicado oficial, el Municipio brindó detalles de la acción judicial que recayó en el juzgado federal local a cargo de Eduardo Puigdéngolas, quien en los próximos días tendrá que fallar respecto al planteo de los abogados de la comuna, quienes buscan que el Estado Nacional garantice la preservación de los materiales ya utilizados en la construcción, como así también establezca que los fondos que restan ser enviados por la Nación, no tengan otro destino que el mismo gasoducto.
Según supo Diario San Rafael, la medida cautelar consta de un escrito de 37 páginas, con un pormenorizado detalle jurídico y técnico desde que se celebró el contrato entre Municipio y Nación, los avances de obra y las consecuencias que genera la paralización de los trabajos, esto último mediante un informe brindado por la empresa Ecogas, que es la que administra el servicio de gas natural en nuestra región.
“En las fojas que componen la cautelar, se destacan detalles técnicos de lo ejecutado hasta la actualidad, un informe de Ecogas que indica las consecuencias de la paralización de este tipo de obras, los graves perjuicios económicos que eso genera en arcas públicas, el daño patrimonial que enfrentan particulares que iniciaron el proceso de conexión y la inminente retirada de la empresa constructora, entre otros datos de interés”, destacaron desde el Municipio.
Es así que mientras la autoridad judicial competente se dispone a fallar sobre la cautelar antes descripta, el Municipio también prepara la cuestión de fondo: el juicio al Estado Nacional por incumplimiento de contrato.
Tras la presentación judicial, el presidente del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi, reunió a todos los concejales de San Rafael para escuchar al director de Asuntos Legales del Municipio, Alfredo Juri Stica, quien expuso detalles jurídicos de lo que en los próximos días tendrá que resolver el juez federal de nuestro departamento.
Por qué el Estado Nacional debe terminar el gasoducto
En plena pandemia, en el año 2020, el intendente Emir Félix firmó el contrato de inicio de obras del gasoducto con el entonces secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. Dicho convenio estableció que el Estado Nacional se encargaba del financiamiento de una obra trascendental para el desarrollo regional, pues una vez finalizada, garantiza hasta 30.000 conexiones residenciales e industriales, permitiendo que más empresas puedan radicarse en nuestra región.
Las obras avanzaron en tiempo y forma, inicialmente con fondos nacionales y luego con la contribución del municipio a través de recursos propios. Sin embargo, el cambio de Gobierno Nacional con la asunción del presidente Javier Milei el pasado 10 de diciembre, dejó “stand by” al gasoducto, pese a tener un avance del 90%.
Ahora el Municipio exige lo que corresponde por contrato: que el Estado Nacional garantice la provisión de fondos necesarios para poder terminar el gasoducto y lo haga en el corto plazo, pues el estancamiento de los trabajos puede afectar gravemente la calidad de los materiales empleados en dicha obra y también afectar las arcas de los particulares que fueron avanzando con las conexiones domiciliarias.
Si bien una de las medidas de Milei cuando asumió el Gobierno fue la eliminación de la obra pública, el gasoducto no solo está culminado en un 90% sino que representa una inversión clave para San Rafael y General Alvear.
