Las declaraciones del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, cuestionando la labor humanitaria de las iglesias que asisten con viandas, abrigo y comida caliente a quienes duermen a la intemperie, no pertenecen estrictamente a los últimos días. Sin embargo, su persistente reaparición en el debate público y la profundización de las medidas de control en el territorio metropolitano exponen con absoluta nitidez una matriz de pensamiento indivisible: aquella que interpreta la pobreza extrema no como una vulneración dramática de los derechos fundamentales, sino como un problema de orden estético, un estorbo para el paisaje urbano y una afectación a la convivencia en la vía pública.
Bajo la insólita premisa de que la ayuda directa en las escalinatas de los templos «cronifica» la indigencia y fomenta la ocupación del espacio, se ha intentado estructurar una peligrosa criminalización de la caridad y del auxilio comunitario de emergencia.
Esta postura ha desatado una nueva tensión entre la Iglesia Católica y los ejecutivos de la Nación y de jurisdicciones que son socias políticas del mileísmo. El conflicto de fondo excede la mera disputa de competencias administrativas y se sitúa en un plano estrictamente moral. Para los responsables de las políticas públicas, la Iglesia se ha transformado en un actor incómodo porque persiste en mostrar una realidad social descarnada que los relatos oficiales pretenden negar o matizar.
Uno de los enfrentamientos más agudos se corporiza en la presunta manipulación de las estadísticas oficiales respecto a las personas en situación de calle. Mientras los censos oficiales muestran unos números, las parroquias territoriales, los hogares de fe y los relevamientos de las organizaciones comunitarias exponen otras cifras que triplica con creces la estimación oficial. Algo parecido ocurrió en Mendoza, donde la Iglesia local afirmó que los números que publicó el Gobierno provincial no se condicen con lo que se ve día a día en la calle.
Para el poder político actual, el individuo sumido en la indigencia es observado como un elemento disfuncional que altera el libre mercado o la modernización de los espacios de consumo y, ante la incapacidad o el desinterés oficial para mejorar su situación, debe invisibilizarse.
Cuando las variables económicas se descalzan y el impacto del ajuste golpea las estructuras productivas locales, las redes de contención eclesiásticas y de las asociaciones civiles también se convierten en el termómetro real de una crisis que las esferas gubernamentales muchas veces prefieren relativizar en sus discursos públicos.
El ocultamiento del dolor social debajo de la alfombra de la hipocresía constituye el síntoma más alarmante de una dirigencia que pretende gobernar prescindiendo de la verdad y de la dignidad humana de sus habitantes.
