El Departamento General de Irrigación de Mendoza explicó su postura respecto a la observación constructiva que rodea al nuevo gasoducto de San Rafael en sus intersecciones con la red hídrica. El organismo aclaró que en ningún momento se buscó obstaculizar o frenar la habilitación del suministro energético, contemplando las severas condiciones climáticas del invierno y la urgencia de los usuarios de la zona sur. Sin embargo, desde la conducción del ente del agua confirmaron que la constructora omitió la instalación de los encamisados de acero exigidos originalmente en ocho cruces de canales, un condicionamiento técnico dispuesto desde hace cuatro años por la Subdelegación local.
Flexibilidad institucional frente a la crisis climática y el estado de la obra
El organismo provincial remarcó que priorizó el bienestar de la comunidad sanrafaelina al otorgar el certificado de final de obra con reservas, permitiendo el encendido del gasoducto. «Es necesario realizar una precisión fundamental respecto a las informaciones que han circulado. Nosotros no hemos salido a objetar el funcionamiento del gasoducto ni pretendemos frenar una obra que debe seguir operativa, menos aún con el intenso frío que hace en la región. Lo que hemos hecho desde el Departamento General de Irrigación es dejar asentado un condicionamiento técnico estricto para cuidar tanto los canales de riego como la propia infraestructura del gasoducto en las intersecciones y las hijuelas», aclaró Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación.
«Como el tema se ha politizado tanto y la necesidad del gas en el sur es sumamente urgente, no quisimos bajo ningún concepto obstaculizar la puesta en marcha del sistema. Por este motivo, y a pesar de que la empresa constructora no había cumplido con los requisitos exigidos, el subdelegado local decidió otorgar un visado de excepción, aprobando el final de obra pero dejando la observación explícita de que no se había cumplido con esa protección estructural. Habría sido una verdadera locura impedir el funcionamiento del gasoducto en pleno invierno y ante una ola polar. Lo primero que se evitó fue cortar la habilitación del servicio a los vecinos», comentó.
La justificación técnica
Frente a los argumentos de la constructora, que desaconseja el encamisado por problemas de protección catódica, la máxima autoridad de Irrigación defendió el criterio de sus ingenieros basándose en la inestabilidad del suelo y el peligro del mantenimiento mecánico de los cauces. «Los técnicos de la obra aducen que existe una resolución de Ecogas que desaconseja colocar encamisados de acero porque la humedad afectaría las tuberías. No voy a ingresar en una discusión técnica fina que le corresponde a mi director de ingeniería, pero hay que tener en cuenta que quien defiende esa postura es el profesional de la empresa constructora, que representa a la parte interesada. Si ellos están tan seguros y sostienen que la ausencia del encamisado no genera ningún inconveniente futuro, lo único que estamos pidiendo desde el Estado es que nos firmen una eximición y nos liberen de cualquier responsabilidad civil o penal futura si llega a ocurrir un siniestro», dijo Marinelli.
«Este requerimiento no surge de una decisión arbitraria de este superintendente; es un expediente técnico que se tramitó en la Subdelegación del Sur hace cuatro años y que me llega a mí de abajo hacia arriba. Quienes poseen fincas o conocen San Rafael saben que el gasoducto cruza canales en una zona de Las Paredes que comúnmente denominamos ‘volcanes’, donde la conformación geológica de la tierra genera huecos repentinos y derrumbes en el suelo», explicó.
«Por allí pasan canales en tierra que transportan un caudal importante y ejercen una fuerte presión sobre el terreno. Si a eso le sumamos que anualmente ingresa maquinaria pesada a limpiar y profundizar los cauces, el riesgo de golpear y romper el caño de gas es real. El caño-camisa tiene la función de defender la tubería principal ante esos imprevistos. Si no lo quieren o no lo pueden colocar, exigimos que nos liberen de la carga pública», añadió.
Inspecciones intermedias
«Frente a la duda de por qué esta situación salta a la luz al concluir la obra y no antes, la respuesta es muy sencilla: toda empresa constructora o comitente tiene la obligación de solicitar formalmente las inspecciones sectoriales a medida que avanza sobre las redes de agua. En este caso, se les fijaron las pautas constructivas pero la empresa jamás pidió las inspecciones parciales durante la ejecución de los cruces. No tenemos personal para estar vigilando de forma permanente cada punto de la geografía provincial si no hay un aviso formal», dijo el superintendente.
«No estamos actuando con mala fe ni con especulación política; simplemente cumplo con mis funciones y mi responsabilidad como funcionario público de resguardar el patrimonio del Estado. Si mañana se produce una rotura en un cruce hídrico, las consecuencias no serán solo económicas para la institución; las inspecciones de cauce, que son organizaciones integradas por los propios productores y vecinos, se quedarán sin el agua de riego y los usuarios se quedarán sin gas», expresó.
«No estamos imponiendo una fecha perentoria, sino un plazo que dicte la razonabilidad, considerando sobre todo que las constructoras finalizan las tareas y luego se retiran tras la recepción definitiva de la obra. Desconozco los tiempos específicos del pliego de esta licitación, pero buscamos establecer la responsabilidad legal antes de que venza la garantía residual. Lo que intentamos determinar con previsión es qué ocurriría ante una eventual rotura del gasoducto en un cruce hídrico: si se produce un siniestro, los propios usuarios se quedarán sin suministro y las inspecciones de cauce no tienen por qué absorber los costos económicos de esa reparación», cerró.
