Una comitiva del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desarrolló en la Argentina la Misión de Examen Integrado del Ciclo de Producción de Uranio (IUPCR, por sus siglas en inglés), una evaluación técnica para “revisar la infraestructura y el marco regulatorio del país” de cara a una posible reactivación de la minería de uranio.
El mapa que analiza el organismo internacional tiene en mira varias provincias, entre ellas Mendoza, y en particular en el sur: San Rafael y Malargüe vuelven a quedar bajo la lupa por sus históricos yacimientos uraníferos y por los nuevos proyectos exploratorios que se están abriendo paso.
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, destacó que la misión de la OIEA –integrada por expertos de Brasil, Canadá, Francia y Namibia– permite “identificar áreas de mejora para lograr el cumplimiento de los estándares internacionales” en toda la cadena del uranio, desde la exploración hasta el procesamiento.
En paralelo, el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Luis Rovere, puntualizó que hoy existen 17 iniciativas vinculadas a la minería de uranio en el país, llevadas adelante tanto por la propia CNEA como por empresas privadas.
EL MAPA DEL URANIO MENDOCINO
Dentro de ese portafolio, dos proyectos mendocinos ocupan un lugar protagónico. El primero es Sierra Pintada, en San Rafael, uno de los yacimientos más importantes de Argentina.
Allí, la CNEA estima que quedan entre 6.000 y 10.000 toneladas de uranio, lo que lo convierte en un activo altamente codiciado.
Sin embargo, el complejo arrastra una pesada mochila: aún no se completó la remediación de los pasivos ambientales generados durante su etapa de explotación, por lo que el tema vuelve a encender alarmas cada vez que se menciona la posibilidad de reabrir la mina. En 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja que había interpuesto la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) contra la decisión del entonces Juez Federal de primera instancia, el Dr. Héctor Raúl Acosta. El Juez le había ordenado a CNEA “abstenerse” de iniciar cualquier explotación productiva en el complejo minero fabril de Sierra Pintada, en San Rafael (Mendoza). La medida fue dictada en el marco de la acción de amparo interpuesta por dos vecinos de San Rafael, Gabriel Arenas y María Graciela Bitar, con el patrocinio de los Abogados Andrés Gil Domínguez y Paulina Martínez y el asesoramiento técnico del Dr. Raúl Montenegro.
La CNEA pretendía reabrir la mina mientras se hacía la remediación. Desde el 2010 y por decisión de la Corte, antes de pensar en reabrir el complejo fabril se deberá remediar los pasivos ambientales que se produjo en Sierra Pintada, sumado a los tachos traídos desde Dioxitex, Córdoba.
Pese a eso, Sierra Pintada aparece en documentos oficiales como un posible actor de la nueva etapa del uranio argentino.
La propia CNEA proyectó un promedio de producción «alto» y una vida útil de alrededor de 8 años para el yacimiento, datos que ayudan a explicar por qué los ojos del sector vuelven una y otra vez sobre el sur sanrafaelino.
El segundo punto está unos kilómetros más al sur, en Malargüe. Allí se encuentra el proyecto Huemules (Huemul–Agua Botada), la primera mina productora de uranio del país, explotada por el Estado entre 1955 y 1975.
Hoy el escenario es otro: en 2024 IsoEnergy vendió ese activo –junto con Laguna Salada, en Chubut– a Jaguar Uranium, una empresa privada de origen canadiense que puso en su radar el potencial geológico de la zona.
Huemules comprende más de 27.000 hectáreas en torno al antiguo yacimiento estatal. A esto se suma que Jaguar Uranium ya manifestó interés en Sierra Pintada (unas 2.000 hectáreas), lo que refuerza la percepción de que San Rafael y Malargüe son un bloque estratégico dentro del “nuevo mapa” del uranio argentino.
ALGO MÁS EN EL MAPA
Pero Huemules no es la única apuesta en el sur mendocino. En el llamado Distrito Minero Occidental de Malargüe, la empresa Apeleg S.A. declaró hallazgos de cobre y uranio en distintos proyectos de exploración, sumando otra capa de complejidad al escenario local.
La firma ya acumula 19 áreas concesionadas en la zona y se presenta como uno de los actores llamados a disputar protagonismo si la reactivación del uranio se concreta en los hechos.
Esta combinación de una misión internacional en marcha, capital extranjero interesado y nuevos anuncios exploratorios reaviva un debate que en Mendoza –y especialmente en el sur– lleva años sin cerrarse: el equilibrio entre la explotación de recursos estratégicos y la protección ambiental, en una provincia marcada por la resistencia social a la megaminería.
EL PLANTEO ANTIMINERO
Organizaciones insisten en que, antes de hablar de reactivación, el Estado debe saldar la deuda pendiente de la remediación en Sierra Pintada y garantizar estándares estrictos de control y participación ciudadana.
La discusión se da, además, en un contexto geopolítico muy distinto al de las décadas en que se explotaron los primeros yacimientos.
La guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia reconfiguraron el mercado mundial del uranio, abriendo espacio para nuevos proveedores. Activistas de la Patagonia advierten desde hace meses que, si Occidente reduce su dependencia de los suministros euroasiáticos, la presión sobre recursos como los de Chubut y Mendoza se intensificará.
GEOPOLÍTICA EN JUEGO
En ese tablero, el propio presidente Javier Milei calificó al uranio como un recurso “geopolítico”, y analistas señalan el creciente interés de Estados Unidos y otras potencias en asegurarse acceso a reservas estratégicas en la región.
Desde la vereda opuesta, movimientos antinucleares interpretan la misión del OIEA y los recientes acuerdos bilaterales como parte de esa puja global por el control del combustible nuclear, y advierten que provincias como Chubut y Mendoza están en la mira por su potencial uranífero.
