El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, pidió que un Jury de enjuiciamiento revise la conducta de la jueza de Familia María Elizabeth Lizán por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras acusaciones presentadas por empleados de ese tribunal de Las Heras.
El pedido de Garay apunta a la magistrada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malos tratos, abuso de poder y violencia institucional, por lo que ahora el presidente del máximo tribunal convocará al organismo que revisa la conducta de jueces y fiscales para determinar si existen pruebas suficientes contra Lizán.
En principio, un informe emitido por la Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte habla de una “posible comisión de hechos encuadrables en la causal de mal desempeño y desorden de conducta”.
Los empleados del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras aportaron pruebas de reiteradas faltas e irregularidades en la labor diaria de la jueza.
La mas grave de éstas, apunta a «el incumplimiento de la Jueza del deber de dictar, controlar y firmar sus resoluciones, toda vez que la magistrada ha delegado o autorizado el uso de sus credenciales en empleados y funcionarios del Tribunal para firmar digitalmente distintos actos procesales, lo que se ha extendido en el tiempo y resulta ser una conducta recurrente de la magistrada», de acuerdo con la presentación realizada por Garay.
Puntualmente, denunciaron que Lizán «prestaba» su token a terceros para que estos firmaran escritos por ella. El token es un dispositivo intransferible y personal con el que magistrados pueden firmar digitalmente sus actuaciones en los expedientes digitales. En otras palabras, al permitir su acceso a terceros se estima que la magistrada violaba la seguridad jurídica de todo el proceso.
«Ella dejaba el token en el juzgado para las firmas que fueran necesarias. En algunos casos puedo estar seguro que no revisaba lo que se firmaba. Sé que en las medidas inmediatas no las ha leído porque las firmábamos nosotros, dada la urgencia», explicó en la denuncia uno de los empleados del tribunal para dar cuenta de cómo delegaba ese dispositivo que cuenta con una clave personal por parte del juez. Y luego agrega: «Entregaba su token a quien lo necesitara, era de uso público«.
Pero además Lizán también pedía que le falsificaran la firma ológrafa, para que aquellos firmaran en su lugar, según establece el pedido de Jury.
Por otro lado, la investigación administrativa ordenada por el máximo tribunal a partir de las denuncias de los empleados judiciales permitieron que se revelaran actitudes «como el destrato para con quienes comparte las jornadas, la flexibilidad horaria con la que se maneja, las formas de dirigirse, malos tratos, faltas sin aviso, inasistencia a las audiencias y las actividades extra laborales realizadas y en las que buscaba involucrar a terceros, entre otras».
«Todos estos comportamientos están encuadrados dentro del desorden de conducta», remarca la presentación contra Lizán.
También el pedido contra la titular del juzgado de Familia aborda un caso de “mal desempeño» en el ejercicio de su función por un recién nacido en situación de adoptabilidad.
Con el pedido de Garay, como presidente del Supremo, se tiene que conformar el jury de enjuiciamiento conformado por los integrantes de la Corte, 7 representantes de la Cámara de Senadores, 7 de la Cámara de Diputados para valorar si dan curso al enjuciamiento a partir de las pruebas contra Lizán. Y qué sanciones le corresponderán en ese caso.
Fuente: El Sol
