En un país dominado por las discusiones y las polarizaciones, la actuación de los integrantes de los poderes estatales es, a diario, puesta bajo la lupa de la sociedad.
Los poderes Ejecutivos reciben la mayor cantidad de inquietudes (y críticas) puesto que son ellos los que por naturaleza ordenan el camino a seguir por las políticas públicas, las cuales influyen en forma directa en la vida de los ciudadanos.
El Poder Judicial –ya ha quedado dicho en este espacio– también atraviesa actualmente un momento de profunda revisión por parte de la comunidad, que muestra su disconformidad (muchas veces fundada) por la actuación de esa entelequia llamada Justicia.
En cuanto a las legislaturas, ya sean la nacional, las provinciales o las municipales, los últimos años las muestran como una caja de resonancia política más chisporroteante que efectiva, donde las relaciones con los Ejecutivos llevan a que su actuación depare polémicas de las cuales los ciudadanos muchas veces tomamos parte y casi siempre padecemos, puesto que pocas soluciones a nuestros problemas surgen de allí.
De un tiempo a esta parte puede observarse que ante cualquier tema que se discuta legislativamente, las opiniones de nosotros, los representados, respecto a cómo actúan o votan nuestros representantes varían de acuerdo a si ello concuerda o no con nuestras convicciones.
En una democracia representativa como la que vivimos, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Sin embargo, hoy –con una revolución de las comunicaciones que pone a los ciudadanos más cerca de la información y del poder– los ciudadanos ejercemos presiones para que esos funcionarios públicos hagan solo lo que nosotros consideramos correcto y, en ese sentido, muchas veces olvidamos que existen otros ciudadanos con iguales derechos que pueden pensar en forma diferente y, por tanto, requerir una actuación distinta. Por su parte, esos representantes muchas veces desarrollan acciones y declaraciones que solo tienen que ver con sus intereses partidarios, olvidando que –una vez asumidos– son representantes de todos los ciudadanos. En ese marco, la búsqueda del bien común y su consecución es solo una utopía.
