Policías retirados y familiares de efectivos reclamaron este jueves en Casa de Gobierno por actualizaciones salariales correspondientes a este año. La movilización derivó en incidentes, cuando los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza al edificio y fueron desalojados por la custodia.
La protesta organizada por la Asociación Mutual para el personal policial (Amuppol) está vinculada a un atraso que alcanzaría los ocho meses. Las jubilaciones y pensiones de la denominada «familia policial» están atadas a los salarios de los agentes en actividad. Pero, de acuerdo con los retirados, no se está cumpliendo con lo que establece la ley.
«Nos dieron un aumento del 16% en el año, cuando deberíamos haber recibido 72%. No estamos pidiendo aumentos, estamos pidiendo lo que nos corresponde», señaló uno de los manifestantes.
Desde el Gobierno ya hicieron una propuesta: otorgarles un 14% en diciembre y un 26% en marzo de 2023. Esto es lo que no contenta a los retirados, que pretenden que esa última cifra también sea incluida antes que termine 2022.
Los retirados responsabilizan a la Oficina Técnica Previsional, que depende del Ministerio de Gobierno, por el desajuste salarial. Por el contrario, en el Ejecutivo culpan a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En la misma sintonía, el pasado martes, a través de un comunicado, el Gobierno destacó que «el organismo nacional no está cumpliendo en tiempo y forma con el pago de los aumentos establecidos por los decretos provinciales 377, 937 y 1177, de 2022″.
La ley contempla que el haber de retiro se vaya incrementando en la misma proporción en que varíe el sueldo y los suplementos con aportes jubilatorios “para el personal en actividad, en el o los grados en los cuales obtuvo el retiro, o equivalentes en el caso de modificaciones”. Sin embargo, los aumentos que se realizaron en los últimos meses aún no han sido trasladados en su totalidad a los beneficiarios.
«Desde la Provincia, a través de la Oficina Técnica Previsional, ya se realizaron todos los trámites pertinentes, en el marco del convenio de transferencia, para asegurar la movilidad de los haberes del personal policial retirado», agrega el texto oficial.
Los incidentes ocurrieron cuando el gobernador Rodolfo Suarez se encontraba junto a la diputada nacional María Eugenia Vidal (PRO) visitando una empresa en Luján de Cuyo. Consultado sobre el reclamo, el gobernador deslindó responsabilidades hacia la Anses.
«Son retirados de la Policía a quienes el sueldo se tiene que actualizar por Anses. Han hecho la protesta en la Casa de Gobierno, pero tienen que hacerla en Anses. Es la que demora todo esto«, explicó por su parte.
Tras estas declaraciones, el delegado regional de ese organismo previsional, Carlos Gallo, salió a responderle a Suarez a través de las redes sociales, asegurando que la demora es por culpa de la Provincia.
«Ante los dichos del gobernador Rodolfo Suarez sobre la movilidad de haberes de Policías y Penitenciarios retirados de Mendoza, informamos que, al mes de octubre, desde áreas centrales de Anses se liquidaron todas las movilidades solicitadas por parte de la provincia, a pesar de las demoras en el envío de la documentación por parte de la Oficina Técnico Previsional, dependiente del Ministerio de Gobierno», indicó en primer término el dirigente.
Gallo informó que los aumentos que están pendientes corresponden al 5% de agosto, 5% de septiembre y otro 5% de octubre. «Al día de la fecha el gobierno de Mendoza NO (sic) presentó la documentación: nota solicitando el pago, informe de aportes y contribuciones, dictamen legal de la OTP», expuso.
El funcionario nacional aseguró que «el supuesto acompañamiento de la provincia por medio de una nota» que había sido firmadas por el ministro de Seguridad Raúl Levrino y su par de Gobierno, Víctor Ibañez, «no solucionan el problema que sí podría ser resuelto con mayor gestión».
Llegado a este punto, la repercusión de los incidentes se convirtió en un pase de pelota entre Provincia y Nación, un clásico: «Por otro lado, las expresiones realizadas por el gobernador demuestran un profundo desconocimiento e insensibilidad frente a esta situación. Deslindarse de las responsabilidades asumidas no resuelven los problemas de los mendocinos y mendocinas», concluyó Gallo.
Fuente: El Sol
