La historia política de nuestro país ha demostrado que la entrega de mayores facultades represivas al Estado sin mecanismos de control recíprocos suele derivar en consecuencias institucionales lamentables. En Mendoza se debate actualmente un proyecto de ley que busca ampliar el uso de armas de fuego y las atribuciones de control por parte de la Policía.
Esta iniciativa legislativa se presenta en un contexto de demanda de seguridad pero abre interrogantes peligrosos sobre los límites del poder público.
El proyecto plantea la presunción de legitimidad para los efectivos que actúen en cumplimiento del deber. Esta figura jurídica reduciría las exigencias para el uso de la fuerza letal en la vía pública. Con ello, se corre el riesgo de transformar la prevención en una herramienta de violencia institucional si no existe un sistema de fiscalización externo que garantice la integridad de los procedimientos. La discrecionalidad que propone el texto legal carece de contrapesos que protejan al individuo frente al avance arbitrario del aparato estatal.
La aprobación de la iniciativa, que cuenta con el visto bueno del Ejecutivo provincial, haría que los operativos policiales queden sujetos a la interpretación subjetiva de cada agente bajo un marco de protección legal que asoma como excesivo.
Una seguridad que se construye a costa de debilitar las garantías constitucionales termina por erosionar el contrato democrático fundamental. El Estado debe proveer protección sin convertirse en una amenaza latente para los mismos ciudadanos que pretende resguardar.
