Durante gran parte del siglo XX, la Argentina se definía a sí misma a través de una promesa fundacional: el trabajo formal como el principal vehículo de integración social y movilidad ascendente. La incorporación plena al mercado laboral no solo garantizaba un salario regular, sino también el acceso a la salud, la protección previsional y la previsibilidad necesaria para proyectar un futuro. Sin embargo, la persistencia de crisis macroeconómicas recurrentes ha ido carcomiendo los cimientos de aquel pacto social, transformando la estabilidad laboral en un privilegio reservado para unos pocos y empujando a las nuevas generaciones a la intemperie de la precariedad.
La confirmación de que siete de cada diez asalariados menores de 24 años en la provincia trabajan en la informalidad es la manifestación más cruda de un problema estructural que se consolida año tras año. Cuando más del 70% de las y los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo lo hacen sin aportes jubilatorios, sin cobertura de salud y sin indemnización ante el despido, el sistema productivo está enviando una señal alarmante sobre la calidad de su entramado económico y las perspectivas de su capital humano.
Las razones detrás de este fenómeno responden a causas profundas y multidimensionales. Por un lado, la falta de experiencia laboral previa y los niveles de formación inicial colocan a la juventud en una posición de extrema vulnerabilidad, forzándola a aceptar puestos no registrados como única vía de inserción. Por otro lado, los elevados costos operativos que gravitan sobre el sector privado —especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas— terminan estrangulando las posibilidades de generación de empleo genuino. En un contexto de baja rentabilidad y demanda debilitada, el ajuste termina operando, trágicamente, por la vía del incumplimiento normativo.
En este complejo escenario, la agenda de desregulación laboral y quita de derechos laborales que impulsa el gobierno nacional se coloca en el centro del debate público. Presentada bajo la premisa de que la flexibilización de los esquemas de contratación, la eliminación de multas por falta de registro y la reducción de las cargas regulatorias actuarán como incentivos para que el sector privado formalice a sus trabajadores, la propuesta enfrenta serios interrogantes sobre su eficacia real. Si bien desde el oficialismo se sostiene que un marco normativo más permisivo levantará las barreras que hoy frenan la inversión, la evidencia y el análisis crítico advierten que la desregulación, si no va acompañada de una reactivación genuina del consumo y de la actividad productiva, corre el riesgo de institucionalizar la precariedad existente en lugar de transformarla en empleo digno, registrado y con protección social.
Esta realidad cobra un matiz particular en San Rafael y en el sur mendocino. En un entramado económico local dominado por el comercio minorista, la agricultura, los servicios y el turismo, la informalidad no es una abstracción estadística, sino una vivencia cotidiana que condiciona a las familias sanrafaelinas. Los jóvenes de nuestro departamento se enfrentan diariamente al dilema de aceptar empleos mal remunerados y carentes de toda protección social o verse forzados a migrar hacia grandes centros urbanos en busca de oportunidades que la economía regional hoy no logra brindarles. La debilidad del empleo formal impacta de lleno en la economía local, deprime el consumo y restringe la capacidad de desarrollo integral del departamento.
Aceptar que el ingreso de la juventud a la vida adulta se produzca bajo el signo de la precariedad equivale a hipotecar el futuro colectivo. La erosión sistemática de los aportes previsionales no solo pone en jaque la sostenibilidad del sistema de jubilaciones a largo plazo, sino que consolida una sociedad fragmentada, donde la incertidumbre es la norma.
