El fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad abrió múltiples análisis dentro del ámbito jurídico y político de Argentina. Uno de ellos fue el del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, doctor Alejandro Pérez Hualde, quien en una entrevista con Diario San Rafael y FM Vos 94.5 destacó la relevancia institucional de la decisión y abordó diversos aspectos técnicos y políticos vinculados a la resolución.
“Lo he recibido con una cuota de tranquilidad institucional por nuestro sistema. Creo que era previsible, era seguro que iba a salir esta condena”, expresó Pérez Hualde. Según explicó, la resolución ratificó lo actuado por dos tribunales que ya habían revisado de forma completa el proceso. “Todos habían ratificado. Y el Ministerio Público había actuado en forma contundente y permanentemente siguiendo una línea coherente”, señaló.
Para el jurista, el fallo no solo era esperable sino también necesario para cerrar un largo capítulo judicial: “Sabíamos que el resultado iba a ser este. La duda era cuándo. Y yo creo que ha sido un acierto hacerlo en este momento para terminar de una vez por todas con esta espada de Damocles que de alguna manera se prestaba para continuar con las especulaciones”.
Ante los cuestionamientos de sectores del kirchnerismo, que denunciaron una supuesta persecución política, Pérez Hualde consideró que se trata de “una lógica de confrontación” frente a la falta de argumentos jurídicos. “Hace mucho que no se esgrimen argumentos jurídicos frente a los hechos. Siempre se contestó con ataques a la política, a los jueces, al gobierno de turno. Pero esto también avanzó durante el gobierno de Fernández y Cristina, avanzó durante el gobierno de la propia Cristina”, afirmó.
Resaltó además que los integrantes del tribunal de casación y el fiscal que intervino fueron designados por gobiernos peronistas: “Los tres jueces del Tribunal de Casación y el fiscal del Tribunal de la Cámara de Casación Penal fueron nombrados por ellos, por ella. Y además con acuerdo del Senado y un Senado con mayoría justicialista desde 1983”.
Consultado sobre el alcance del fallo de la Corte, aclaró que este tribunal no puede reabrir el análisis probatorio: “La Corte no puede introducirse en el análisis de las pruebas, otra vez verificar si existen los expedientes. No puede meterse en los hechos ni en lo acontecido en los expedientes, salvo que exista alguna grosería que lleve a la arbitrariedad o un notorio apartamiento del derecho de defensa”.
Uno de los puntos que también genera debate es la modalidad de cumplimiento de la pena. Pérez Hualde explicó que la discusión ya no pasa por la condena en sí, sino por su ejecución: “La pena ya no se puede discutir. Ahora, dónde la cumple, es algo que deben ponderar muy especialmente aquellos que se encargan. En nuestro caso sería el juez de ejecución penal”.
Respecto al pedido de Cristina Kirchner de cumplir la pena en su domicilio del barrio Constitución y sin tobillera electrónica, fue categórico: “Eso queda a ponderación del juez encargado. Tiene que ver con una decisión muy personal y evaluar todos los aspectos. El hecho de tener 72 años puede ayudar, pero también hay factores que pueden no jugar a favor, como las convocatorias públicas o los ataques personales a los tribunales”.
En ese sentido, consideró que el domicilio elegido por la ex presidenta podría ser objetado: “La justicia puede decir que el cumplimiento no sea domiciliario, o si lo decide así, determinar en qué lugar. Debe brindar seguridades tanto para la gente como para ella”.
Sobre la posibilidad de que la condena pueda ser objeto de un indulto, opinó que es un tema controvertido y que puede ser debatido desde el punto de vista constitucional: “La Constitución del 94, en el artículo 36, asimila de algún modo estos delitos, y dice que son imposibles de indultar aquellos que cometieran estos delitos económicos de corrupción. Pero creo que eso va a ser discutible, y en lo discutible, nuestro sistema de derecho apoya las pretensiones del reo”.
Remarcó, además, que aún en la ejecución de la condena debe preservarse la dignidad de la persona: “La persona condenada tiene que cumplir su condena, pero en ningún momento puede ser afectada su dignidad personal. Todos nunca perdemos el derecho a la dignidad personal”.
Asimismo, se refirió a la posibilidad de que la defensa acuda a tribunales internacionales para cuestionar la decisión: “Eso puede intentarse, pero los organismos internacionales no pueden anular lo que la Corte ya ha resuelto. Pueden pedir revisión, pero la Corte ya ha dicho que no observa causales que habiliten a una queja directa. Las decisiones de cumplimiento están ahora en manos del juez de ejecución penal, y eventualmente serán apelables”.
Por último, Pérez Hualde se manifestó en referencia a los comportamientos de los manifestantes, con amenazas e incluso a los destrozos que se causaron en las inmediaciones y en el interior del canal TN.
“Primero que, a ver, lo encuentro lógico porque, de alguna manera, nuestra política, y no sólo el partido que preside todavía Cristina, ha apelado a la construcción de enemigos para poder perfilar su identificación propia. Yo me identifico promoviendo enemigos, entonces, para que la gente vea no tan bueno a mí, sino muy malo al otro. O sea, es una práctica política que ha llegado, se ha instalado, y realmente es algo que no nos suma en la democracia”.
Pérez Hualde agregó: “los comportamientos violentos, o sea, si nosotros hemos visto en la televisión las grabaciones de la propia empresa atacada, son muy chicos. Realmente, gracias a Dios, no ha habido confrontaciones que signifiquen peores daños personales. Creo que ya tienen identificados, ya lo están capturando, creo que es algo que se puede manejar”.
