El diputado Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, dijo hoy que todavía no sabe “el techo de víctimas” a raíz del fentanilo contaminado.
Juliano explicó por Radio Rivadavia que desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se inició esta semana un camino institucional para unificar todos los pedidos de informes presentados por distintos bloques.
“Lo que aprobamos fue el primer paso de una hoja de ruta distinta a la judicial. La Justicia investiga responsabilidades penales, pero nosotros necesitamos saber ya mismo si hay más lotes contaminados, si existen protocolos de emergencia para asistir a las familias y cuál es la cadena de responsabilidades entre laboratorios y organismos de control”, indicó.
También dejó en claro la dimensión más sensible del caso: “Si en la Argentina existen laboratorios que funcionan como pantalla del narcotráfico, estamos ante un nivel de gravedad insospechable. No podemos dejar que esto quede en silencio”.
Juliano apuntó contra la posible connivencia entre laboratorios y redes ilícitas: “El negocio del fentanilo médico puede ser apenas una ventanilla minorista de otra cosa mucho más grande. La sospecha de que detrás haya estructuras narco es seria y merece ser investigada a fondo”.
“Hoy hay familias suplicando acceder a historias clínicas, hay un nivel de desolación absoluta. El Estado debería contenerlos, informarles, darles certezas. En cambio, lo que hay es silencio”, denunció.
Juliano agregó que la descoordinación entre ministerios nacionales y provinciales agrava la crisis: “No sabemos qué rol están cumpliendo los ministerios de Salud de las provincias. Es llamativo, por ejemplo, que la Provincia de Buenos Aires, siendo una de las principales compradoras de insumos de HLB Pharma, no haya dado explicaciones claras ni precisiones sobre la cantidad de afectados”.
El legislador advirtió que la situación aún está lejos de esclarecerse: “Nadie imagina todavía dónde puede terminar esto. Recién empieza y lo que ya sabemos es terrible”.
Insistió en la necesidad de transparencia: “La gente tiene derecho a conocer qué pasó, qué lotes estuvieron contaminados, cómo se permitió que circularan durante meses y qué medidas concretas se van a tomar para que nunca más vuelva a ocurrir algo semejante”.
