La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete de la Nación representa mucho más que el desplazamiento de una pieza central en el tablero político oficial; constituye el colapso de un relato ético que pretendió cimentarse sobre la infalibilidad moral y el señalamiento sistemático de la conducta ajena. Su salida del Gobierno, precipitada por el avance de las causas judiciales que investigan inconsistencias patrimoniales de gravedad, expone una preocupante asimetría entre la retórica de la transparencia que el propio funcionario esgrimió como una marca registrada de su identidad pública -y le reclamaba a sectores opositores- y la opacidad con la que se pretendió gestionar la crisis interna.
Resulta verdaderamente objetable que, en su extenso mensaje de despedida, el ahora exministro coordinador haya optado por atribuir su apartamiento de la función pública a una supuesta «carnicería mediática» y a un «hostigamiento constante» por parte de la prensa, quejándose amargamente al manifestar que «me han tratado de delincuente». Semejante victimización elude la raíz fáctica del conflicto. Quien durante meses se posicionó desde el estrado oficial como el adalid definitivo de la honestidad administrativa, dictando cátedra diaria sobre la rectitud, olvida de manera selectiva que fue él mismo quien admitió públicamente haber evadido impuestos en su actividad privada. Del mismo modo, su indignación al ser catalogado como «corrupto» choca de frente con la fría realidad de los peritajes patrimoniales: los suntuosos gastos y adquisiciones que ha realizado desde que asumió la función pública resultan geométricamente imposibles de justificar con el sueldo que percibía legítimamente en el Gobierno nacional.
Por otra parte, la actitud adoptada por la cúspide del Poder Ejecutivo -léase los hermanos Milei- para sostener al funcionario hasta las últimas instancias deja al descubierto una preocupante contradicción en los principios que el gobierno libertario declama defender. El blindaje retórico inicial y la resistencia a propiciar un apartamiento preventivo mientras se sustanciaban las investigaciones no hicieron más que erosionar la ejemplaridad que debe regir los actos de la alta administración pública. El sostenimiento corporativo de un funcionario bajo la lupa de la Justicia Federal contradice de manera abierta el mandato ético de la «limpieza institucional» prometida a la ciudadanía, evidenciando que los rigores de la vara moral suelen flexibilizarse cuando los afectados forman parte del círculo áulico de la Casa Rosada. En campaña una cosa, en el poder otra…
Esta dimisión significa un golpe demoledor a las bases mismas del relato mileísta, obligando a la conducción del Estado a asimilar la realidad de que una de sus principales espadas políticas y comunicacionales carece de toda correspondencia práctica con los declamados ideales de purismo administrativo. Es altamente probable que, ante la consumación del desplazamiento, el oficialismo y sus socios políticos ensayen una maniobra de victimización discursiva, intentando presentar la salida forzada del funcionario como un supuesto acto de ejemplaridad y rectitud republicana. Semejante narrativa omitirá de forma deliberada el dato histórico de que las máximas autoridades sostuvieron a Adorni en su cargo durante tres meses de escandalosa agonía judicial, tolerando la erosión de las instituciones hasta que la presión de los expedientes tornó insostenible su permanencia.
Manuel Adorni como funcionario público llegó a su fin. Parece lo mejor para todos, incluso para el gobierno.
