La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto para reformar el procedimiento de flagrancia en el Código Procesal Penal (CPP), con eje en la reorganización del Ministerio Público Fiscal y en la fijación de plazos más estrictos para acelerar causas de menor complejidad.
La iniciativa sumó 33 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Ahora pasará al Senado para su tratamiento.
Un delito en flagrancia cuando un delincuente es atrapado durante el ilícito o inmediatamente después de producido el hecho.
La reforma introduce cambios centrales en el trámite. El nuevo esquema fija un plazo de diez días hábiles desde la aprehensión o imputación para que el fiscal solicite la audiencia inicial, prorrogable por otros diez días mediante decreto fundado cuando sea necesario producir prueba imprescindible.
El texto oficial sostiene que la redacción vigente del artículo 439 bis contenía “plazos exiguos e inflexibles” que derivaban en “procesos truncos o debilitados por falta de prueba suficiente y riesgo de nulidades al forzar trámites sumarísimos en causas complejas”.
En paralelo, se modifica el artículo 348 del CPP para establecer que, en los casos de flagrancia tramitados por procedimiento directísimo, la prisión preventiva debe solicitarse en la audiencia inicial.
Según la fundamentación elevada, el objetivo es que “en un mismo acto se debatan las medidas de coerción y la eventual resolución anticipada del proceso evitando fragmentaciones innecesarias, audiencias superpuestas, optimizando recursos humanos y materiales de fiscales, defensores, jueces y organismos auxiliares”. Las causas que correspondan a juicio por jurado quedarán excluidas de este trámite abreviado.
El artículo 439 ter fija que, si se superan los 30 días desde la imputación formal sin que se concrete la audiencia de finalización, el proceso continuará por el procedimiento común. A su vez, el 439 quáter convierte esa audiencia en un juicio concentrado que debe culminar con sentencia en el mismo acto o con fundamentos en un plazo breve.
La iniciativa obliga a la Procuración General a conformar equipos especializados con dedicación exclusiva para el impulso y litigación de estos casos, mientras que la Suprema Corte y los organismos de gestión deberán adecuar protocolos y turnos para garantizar el cumplimiento efectivo de los tiempos procesales en toda la provincia.
Para el Ministerio de Seguridad y Justicia, la reforma permitirá una respuesta más eficaz frente a delitos de menor escala pero de alto impacto social, con sanciones breves vinculadas a programas educativos y de formación laboral articulados con el Servicio Penitenciario y la infraestructura prevista para 2026.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/flagrancia-diputados-aprobo-el-proyecto-que-busca-acelerar-la-resolucion-de-delitos-menores/
