La obligatoriedad de abonar las infracciones viales acumuladas en otras jurisdicciones al momento de renovar la licencia de conducir ha sido históricamente una fuente de conflictos para miles de automovilistas. En diálogo con FM Vos (94.5), el diputado provincial Gustavo Cairo detalló los alcances de la iniciativa legislativa recientemente presentada en la Legislatura mendocina, cuyo propósito central es desvincular el arancel nacional del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) de cualquier multa de origen dudoso, arbitrario o carente de notificación fehaciente. El legislador expuso las irregularidades detrás de las empresas concesionarias de radares con fines recaudatorios y explicó las gestiones necesarias para adecuar el sistema informático nacional a la normativa de la provincia.
La trampa de las fotomultas y el chantaje administrativo en la renovación del carnet
Cairo fundamentó la necesidad de avanzar con este proyecto a partir de una problemática cotidiana que afecta a los conductores mendocinos. Al concurrir a renovar su licencia de conducir —un trámite que en Mendoza contempla vigencias extendidas de hasta diez años para particulares—, los ciudadanos se encuentran con que el CENAT les bloquea el avance o les exige el pago conjunto de multas labradas en rutas de otras provincias. «Cuando uno va a renovar la licencia de conducir, el CENAT —que es un organismo nacional— te emite una constancia de pago de unos 10.000 pesos para poder avanzar con el trámite. El problema es que a ese arancel se encuentra asociada cualquier multa que te hayan hecho fuera de la provincia, infracciones de las cuales muchas veces uno ni se entera hasta el momento del turno», planteó.
«A muchos mendocinos les ha sucedido que les llegan multas de lugares donde jamás estuvieron, con patentes similares pero de vehículos totalmente distintos. Hay muchas fotomultas truchas o semitruchas dando vueltas por las rutas del país», aseguró.
«Estas empresas que hacen fotomultas en lugares inhóspitos responden a negocios de estudios que hacen convenios con municipios con la mera meta de recaudar. En la Ruta 7, a la altura de San Martín, una empresa entrerriana bajaba la máxima de 110 a 60 kilómetros por hora de manera absurda para cazar al que venía circulando», citó.
«Lo que estamos proponiendo es que, al ir a pagar la famosa boleta del CENAT, esta no esté asociada a las supuestas multas. Si no se separa, el ciudadano se ve compelido y coaccionado a tener que pagar para no quedarse sin carnet, convalidando multas que ni siquiera tienen notificación firme», enfatizó.
Viabilidad institucional: el antecedente de la extensión de vigencia del carnet y la sintonía con la Nación
Consultado sobre la complejidad operativa de modificar un sistema centralizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Cairo explicó que la provincia ya cuenta con un antecedente exitoso en la materia. «Esto lo tuvimos que hacer cuando cambiamos la norma local del carnet de conducir, pasando de 5 a 10 años para particulares y de 1 a 5 años para profesionales. A través de nuestro delegado en el Consejo Nacional de Seguridad Vial, logramos que el sistema informático nacional se adecuara a lo que Mendoza había resuelto», recordó.
«La Nación está trabajando en una desregulación en este mismo sentido, porque este es un problema que ocurre en todo el país. Salir a la ruta hoy en Argentina sale más caro que en Europa por la cantidad de multas de estas empresas», indicó.
«Conversé con el funcionario pertinente y me confirmó que se está analizando avanzar en la separación de ambas boletas a nivel nacional. Sin embargo, nuestro objetivo central es dejar esta exigencia establecida por ley en Mendoza, porque si no se blinda normativamente, el día de mañana viene otro funcionario y revierte la medida por los cuantiosos intereses económicos que existen detrás de estas empresas», agregó al cierre de la charla.
