Integrantes de la Asamblea por el Agua y numerosas organizaciones socioambientales se concentraron ayer frente a la Legislatura para rechazar la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge, cuya validez vuelve a discutirse después de catorce años.
La Legislatura de Mendoza volvió a ser escenario de una jornada intensa por el tratamiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge, un expediente que, luego de catorce años, retornó al recinto y reactivó la movilización de organizaciones socioambientales de toda la provincia. Desde primeras horas de la mañana, integrantes de la Asamblea por el Agua, vecinos autoconvocados y diversos colectivos se reunieron frente al edificio legislativo para expresar su rechazo a la iniciativa, argumentando que el proceso presenta múltiples irregularidades y que, de aprobarse, podría generar severos riesgos ambientales.
Entre las voces presentes estuvo la de Marina Fiadoni, integrante de la Asamblea por el Agua de San Rafael, quien detalló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que se encontraba en el lugar desde temprano y que el movimiento ciudadano era notable. “Estoy en Mendoza (por ayer miércoles) y todavía se escucha el bullicio de la Legislatura. Es la verdad, un montón de gente que vino a dar su posición, su apoyo a las asambleas del agua y todos los movimientos que estamos atentos a la aprobación de este proyecto, que vamos a hacer toda la fuerza para que no siga adelante”, expresó.
Consultada sobre las razones de la resistencia al proyecto, Fiadoni remarcó que los fundamentos legales son amplios y contundentes. “Los motivos a niveles legales tenemos realmente un montón de herramientas a favor, porque es ilegal muchos puntos”, aseguró. Explicó además que el documento que se busca validar corresponde a la antigua declaración de impacto ambiental, aquella que fue desaprobada, y que sólo recibió algunas modificaciones menores. Según señaló, tampoco se incorporaron todos los dictámenes técnicos ni se respondieron adecuadamente las observaciones realizadas por instituciones como la Universidad Nacional de Cuyo y el CONICET. “No están ahí todos completos los dictámenes, todas las devoluciones que hicieron estas instituciones importantes, no fueron atendidas ni respondidas todas las preguntas acerca de las deficiencias que tenía el proyecto”, afirmó.
La entrevistada cuestionó también la falta de transparencia y el recorte de información en el proceso evaluativo. “La democracia está tomada por las empresas, entonces las empresas no están atendiendo a todas nuestras opciones de invalidar este proyecto”, manifestó. Agregó que existen marcos normativos internacionales y nacionales que avalan la postura de las organizaciones. “Nos protege acuerdos internacionales como el acuerdo de Escazú, constitucionales como la ley de prevención por desastres mineros, un montón de herramientas que la verdad están siendo desoídas”, puntualizó. Entre las irregularidades destacó la audiencia pública realizada a dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar. “Hacer una audiencia pública a 2.500 metros sobre el nivel del mar ya fue realmente súper irregular”, señaló.
Respecto de los antecedentes de este tipo de explotaciones, Fiadoni sostuvo que la experiencia internacional demuestra impactos negativos severos. “Ya sabemos la megaminería en todos los países en donde se aloja, saquea, empobrece, deja contaminación y la riqueza se la llevan, por supuesto, las empresas a otros países”, afirmó. En ese sentido, advirtió que localidades como Uspallata enfrentan un contexto económico crítico, que es aprovechado por las empresas para instalarse mediante promesas de empleo y acciones puntuales en instituciones educativas. “Es casi una extorsión en un momento en donde hay una crisis económica en Argentina bastante grande, sobre todo en Uspallata”, explicó. Sumó que las propuestas de la empresa no se condicen con la realidad productiva provincial. “Desde las Asambleas promovemos la agroecología, el turismo sustentable”, sostuvo, y destacó que Mendoza posee una matriz productiva sólida. “Mendoza ya tiene una matriz productiva rica, abundante. No habría por qué”, remarcó. También cuestionó el nivel de regalías previsto.
Otro de los puntos señalados como esenciales en el debate es el manejo de la información técnica aportada por instituciones especializadas. Sobre ello, Fiadoni detalló que la devolución de la Universidad Nacional de Cuyo fue extensa y rigurosa, pero tuvo un tratamiento inadecuado. “Generó una devolución de al menos ciento veinticinco páginas”, explicó, y agregó que un organismo estatal intermediario realizó un recorte significativo. “Ese organismo intermedio le hizo un resumen de tres páginas o algo muy resumido, con muy pocas preguntas”, afirmó. Esa síntesis, aseguró, fue el insumo que se entregó a la empresa proponente, lo que, según dijo, derivó en un proceso sesgado y sin respuestas completas. “De ahí ya hubo un recorte muy sesgado de la evaluación”, advirtió.
Consultada por las declaraciones recientes de la ministra Jimena Latorre, quien expresó que no se informó lo suficiente sobre el proyecto, Fiadoni sostuvo que, más allá de la dificultad natural para acceder a datos, el peligro ambiental es reconocido internacionalmente. “Siempre es algo difícil encontrar la información, pero está clara realmente los desastres ecológicos que puede generar la minería a cielo abierto”, afirmó. Además, consideró que en la región no existen los controles necesarios para garantizar estándares adecuados. “No me parece que en el caso de nuestra provincia, menos de Argentina y Latinoamérica, haya los controles necesarios para que todo se haga bajo las normas internacionales más cuidadas”, indicó.
Hacia el final de la entrevista, la referente agradeció el espacio y convocó a la ciudadanía a mantenerse atenta e informada. Señaló que el antecedente de movilización en 2019 demostró la capacidad del pueblo mendocino para defender sus recursos naturales. “Convocamos a todo el pueblo que se informe por fuentes periodísticas y a salir a defender el agua”, expresó. También insistió en que la defensa del agua se fundamenta en normas vigentes. “Estamos defendiendo lo que las leyes ya están diciendo. Estamos del lado de la ley, estamos cuidados y sabemos que es por el agua, es por las generaciones futuras”, aseguró. Finalmente, invitó a seguir la información disponible en las plataformas de la Asamblea y a colaborar con su sostenimiento. “La Asamblea es libre, puede participar quien guste”, señaló. “Les invitamos a colaborar también porque esto sale todo a pulmón al alias Asamblea San Rafael”, concluyó.
