La Justicia investiga la manifestación contra el gobierno nacional realizada este jueves en el microcentro de Ciudad. La fiscal Gabriela García Cobos está a cargo de la causa por la violación a la cuarentena obligatoria y solicitó las imágenes de las cámáras de seguridad de la zona para identificar a las personas que participaron de la concentración.
Aproximadamente 400 personas se concentraron en Peatonal Sarmiento y Avenida San Martín para reclamar por temas tan disímiles como la impunidad y Portezuelo del Viento, entre otros. Llegaron al tradicional punto de Ciudad con banderas argentinas y pancartas. A ellos se sumaron también varios automovilistas.
La oposición en la provincia no dejó pasar la oportunidad para reclamar sanciones contra los manifestantes. Y este viernes, en declaraciones a Canal 9 Televida, el procurador Alejandro Gullé confirmó el inicio de una causa. En concreto, se intentará identificar a quienes violaron el artículo 205 del código penal, el principal implementado por el aparato judicial y las fuerzas de seguridad, que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
También se tendrá en cuenta lo que dicta el decreto provincial 700, que prohíbe las reuniones en espacios públicos, sin distinción del DNI.
Recurren a las cámaras
«Las cámaras nos dan pruebas objetivas de lo que pasó, más allá de los dichos del personal policial o de un testigo», explicó Gullé, quien agregó: «Estamos en alerta sanitaria. Debemos tener conciencia que el decreto que prohíbe reuniones en la vía pública no ha sido derogado, por lo que sigue vigente».
«Es cierto que algunos pueden sugerir que hay tensión fuerte entre el derecho a la protesta, a manifestarse, a transitar. Pero acá no hay derechos absolutos. El ejercicio de los derechos están regulados y en esta situación particular la reglamentación está dada por estas restricciones. No puede haber excepciones de ninguna naturaleza«, aclaró el jefe de los fiscales.
Según Gullé, «estamos en una situación donde se puede escapar el tema sanitario, por lo que se ha venido luchando hasta ahora. No vale ningún tipo de justificación para una acción de esta naturaleza«.
La actuación policial
El procurador aseguró por otra parte que la Policía de Mendoza no necesitaba la autorización de un fiscal para actuar durante la movilización. «Puede actuar de oficio, está facultada y tiene atribuciones. Puede y debe intervenir cuando se esté cometiendo un delito in flagrancia«, señaló.
En este punto sentenció que «los fiscales no hacen prevención, investigan una vez que se produjo un delito».
Con respecto a las posibles sanciones contra los manifestantes, Gullé dijo que «si alguno de ellos ya registra una condena, se puede llegar a una detención efectiva. Si no tiene antecedentes, seguramente actuaremos como ya lo hicimos con quienes han infrigido la norma». Es decir, una persona podría ser condenada a realizar trabajos comunitarios.
Fuente: El Sol
