Las pequeñas y medianas empresas atraviesan uno de los períodos más complejos de los últimos años. La caída de la actividad en numerosos sectores, las dificultades para sostener el empleo, la elevada presión impositiva y los problemas financieros derivados de la falta de liquidez llevaron a distintos sectores empresarios a impulsar una nueva propuesta legislativa que busca brindar herramientas concretas para fortalecer al sector.
Se trata de un proyecto de ley que ya fue presentado en el Congreso de la Nación y que propone la creación de un régimen integral de promoción para las pymes. La iniciativa contempla medidas destinadas a aliviar la carga tributaria, facilitar la regularización de deudas, incentivar la contratación de personal y fomentar la reinversión de utilidades como mecanismo para impulsar el crecimiento.
La tributarista Elisabet Piacentini, coordinadora de la Comisión PyME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires e integrante del equipo que trabajó en la propuesta, explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que el proyecto busca cubrir una deuda pendiente con el sector.
«Hay una asignatura pendiente, que es contar con una ley integral para las pymes. La normativa vigente fue sancionada en 2016 y, desde entonces, solo se fueron incorporando o quitando beneficios de manera aislada, pero nunca se avanzó en un régimen completo», señaló.
Según explicó, el proyecto fue elaborado junto a especialistas y representantes del sector empresario y ahora comenzará a ser analizado por la Comisión PyME de la Cámara de Diputados.
Plan de rescate y freno a los embargos
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de un plan de rescate destinado a empresas que atraviesan dificultades económicas y mantienen deudas con organismos recaudadores.
Piacentini explicó que muchas pequeñas y medianas empresas quedan al borde de la paralización cuando pierden un plan de facilidades de pago, ya que inmediatamente pueden sufrir embargos sobre sus cuentas bancarias.
«Lo que buscamos es que las pymes no sean embargadas y que no se corte la cadena de pagos. Cuando una empresa pierde liquidez por un embargo, muchas veces deja de poder pagar salarios o proveedores y eso termina agravando aún más la situación», sostuvo.
El proyecto propone establecer mecanismos de espera y refinanciación para evitar ese tipo de escenarios y permitir que las empresas continúen operando mientras regularizan sus obligaciones fiscales.
Incentivos para la contratación de personal
Otro de los capítulos más importantes de la iniciativa apunta a estimular la contratación de nuevos trabajadores. La propuesta plantea que las pymes paguen únicamente el 50% de las cargas sociales durante tres años por cada empleado que incorporen por encima de su plantilla habitual.
La especialista explicó que esta reducción permitiría disminuir uno de los costos que actualmente más condicionan la generación de empleo formal.
«Hoy las cargas laborales representan alrededor del 35% del salario o incluso más. Reducir ese costo permite que muchas empresas puedan incorporar personal que hoy no pueden contratar», afirmó.
A su entender, la medida generaría un círculo virtuoso: más empleo, mayor producción y mejores posibilidades de expansión para las empresas. Además, consideró que el incremento de la actividad compensaría parte del costo fiscal de la medida mediante una mayor recaudación derivada del crecimiento económico.
Alivio impositivo y eliminación del «impuesto al cheque»
El proyecto también incorpora modificaciones tributarias que buscan mejorar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Uno de los puntos más relevantes es la eliminación del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, conocido popularmente como «impuesto al cheque».
Piacentini recordó que ese tributo nació como una medida transitoria durante la crisis de 2001, pero continúa vigente más de dos décadas después.
«Es un impuesto claramente distorsivo. Cuando una empresa extranjera analiza nuestros costos resulta muy difícil explicar que cada movimiento bancario tenga un gravamen de este tipo», indicó.
Actualmente, las pymes pueden recuperar parte de ese impuesto utilizándolo como pago a cuenta de otros tributos, aunque el reintegro suele concretarse muchos meses después. La propuesta busca que directamente no deban abonarlo, permitiendo mejorar el flujo de fondos de manera inmediata.
«Eso les daría un aire financiero muy importante porque mejorarían su liquidez sin tener que esperar un año para recuperar ese dinero», explicó.
Otro de los cambios previstos alcanza al Impuesto a las Ganancias. La iniciativa propone reducir del 25% al 20% la alícuota para las pequeñas y medianas empresas, siempre que las utilidades permanezcan dentro de la empresa y sean reinvertidas.
«El beneficio está pensado para quienes decidan capitalizar la empresa en lugar de retirar esas ganancias. La idea es estimular nuevas inversiones y fortalecer el crecimiento», señaló.
Consenso en el sector privado
Piacentini destacó que el proyecto mantiene numerosos puntos de coincidencia con otras propuestas impulsadas por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y distintas cámaras empresariales. Explicó que existe un trabajo permanente de intercambio entre las diferentes organizaciones para consensuar iniciativas que permitan mejorar la competitividad del sector.
«Siempre hay mucho diálogo entre las cámaras empresarias porque los problemas que enfrentan las pymes son muy similares en todos los sectores», afirmó.
Como ejemplo, recordó que recientemente distintas entidades solicitaron la implementación de un nuevo plan de pagos de ARCA para aliviar la situación de empresas afectadas por embargos fiscales. Si bien el organismo puso en marcha un régimen de facilidades, consideró que aún resulta insuficiente. «Se avanzó con un plan de pagos, aunque entendemos que debería ofrecer más cuotas para responder mejor a las necesidades de las empresas», indicó.
Una Agencia Federal PyME
Entre las novedades más importantes del proyecto figura la creación de una Agencia Federal PyME.
Según explicó la especialista, no se trata de sumar una nueva estructura burocrática, sino de conformar un organismo que concentre información, estadísticas y propuestas vinculadas con el sector. La intención es que todas las iniciativas legislativas puedan ser evaluadas también desde el impacto que tendrán sobre las pequeñas y medianas empresas.
«Hoy Argentina ni siquiera cuenta con una Secretaría Nacional PyME, porque fue eliminada. Creemos que hace falta un organismo que represente al sector, genere información y participe en el diseño de políticas públicas», afirmó.
Para Piacentini, las pequeñas y medianas empresas representan una parte fundamental de la economía argentina y necesitan herramientas que les permitan recuperar competitividad, sostener el empleo y volver a invertir.
«Las pymes aportan una porción muy importante del Producto Bruto Interno y generan gran parte del empleo privado. Por eso creemos que una ley integral puede convertirse en una herramienta clave para devolverles capacidad de crecimiento y acompañar la recuperación de la economía», concluyó.
