La situación socioeconómica que atraviesan los adultos mayores en la Argentina alcanzó un punto de saturación crítica según especialistas. Caracterizados históricamente por una cultura de cumplimiento estricto de sus obligaciones financieras y el rechazo al endeudamiento salvo por extrema necesidad, los jubilados y pensionados se ven empujados de manera masiva al sobreendeudamiento y a la morosidad compulsiva. El fenómeno responde al deterioro continuado del poder adquisitivo de los haberes, que acumula más de 15 años de pérdida sistemática frente a la inflación y a las canastas básicas. En la actualidad, más del 80% de los beneficiarios del sistema previsional percibe la jubilación mínima o ingresos que apenas la superan, ubicándose drásticamente por debajo del costo real de vida. Esta brecha estructural obliga a millones de adultos mayores a seguir trabajando en la informalidad o a recurrir a usureros, financieras y líneas de crédito personal para solventar necesidades primarias e impostergables, tales como alquileres, expensas y coseguros médicos.
Eugenio Semino, abogado, gerontólogo y Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, trazó una radiografía detallada de la crisis, denunció la proliferación de «créditos famélicos» destinados a pagar medicamentos o alimentos, cuestionó la falta de respuesta de la ANSES y advirtió sobre la completa desatención institucional por parte de los poderes del Estado.
La brecha de los ingresos: el desplome del haber frente a la canasta básica
La inmensa mayoría de los adultos mayores percibe haberes que no cubren siquiera una cuarta parte del costo de vida estimado para la tercera edad. «Estamos ante una generación que se caracterizó toda su vida por priorizar el pago de sus deudas, por no adquirirlas salvo en casos de extrema necesidad y por cancelarlas siempre en término. Hoy tenemos a cinco millones de jubilados cobrando un haber que es un disparate. El poder adquisitivo de los jubilados en la Argentina viene cayendo sin pausa desde hace 15 años», afirmó Eugenio Semino en diálogo con FM Vos 94.5.
«Se considera dentro de la mínima a quienes cobran con el bono de refuerzo, que están percibiendo cerca de 480 mil pesos. Pero hay otro sector muy grande asimilado a esta condición: son aquellos que, por superar apenas el mínimo, no cobran el bono y están en 500 mil o 520 mil pesos. Sumando ambos grupos, más del 80% de los jubilados no puede cubrir ni una cuarta parte de su canasta de necesidades básicas, la cual en marzo con gastos de vivienda ya se situaba en 1.800.000 pesos«, señaló.
Vivienda y salud: los detonantes del endeudamiento compulsivo
La paulatina desaparición del jubilado propietario y los aranceles médicos obligan a contraer deudas para cubrir erogaciones fijas que no admiten postergación. «El mito de que todos los viejos tenemos inmuebles propios se fue extinguiendo. Hoy el 60% de los jubilados alquila o vive en pensiones. Una habitación con baño compartido en Buenos Aires, Rosario o Córdoba ronda los 300 mil pesos; para quien cobra 480 mil es una erogación imposible de afrontar. A esto se suman las expensas promedio de un departamento de dos o tres ambientes, que en las grandes ciudades también están en 300 mil pesos», comentó el doctor Semino.
«Esta asfixia económica los lleva indefectiblemente a contraer créditos. Además, atendemos entre 300 y 400 casos por día por diversas razones, donde lo más extendido son las urgencias de salud. Las obras sociales y prestadoras están cobrando coseguros de 30, 40 o 50 mil pesos por la atención de un especialista. Hay una categoría que denominamos ‘créditos famélicos’, que el jubilado debe tomar para cubrir lo que no le cubre el PAMI ni su obra social, como una prótesis o un estudio específico», apuntó.
Financieras usureras y la proliferación de deudas familiares
Tras el cese de las líneas de crédito estatal, los adultos mayores quedaron expuestos a mutuales y financieras privadas que operan con tasas abusivas. «Hasta el año 2023, los créditos los entregaba directamente la ANSES y se descontaban compulsivamente del haber. Era una mecánica ridícula porque se le prestaba al jubilado su propia plata —la plata acumulada en el fondo del organismo— cobrándole intereses en lugar de pagarle lo que correspondía, aunque al menos disminuía la morosidad registrada», dijo el entrevistado.
«Al cortarse esa vía, el jubilado se volcó a mutuales o supuestas empresas de préstamo que aplican tasas desorbitadas y usureras. A esto se le suma un fenómeno gravísimo: en muchísimos casos el crédito lo tramita o lo contrae el jubilado para ayudar a su familia o a un familiar que paga las primeras cuotas y luego, al no poder afrontarlo, se olvida. El jubilado termina figurando en las listas de morosos de los bancos o sometido a las cobranzas de estas financieras», denunció.
La indiferencia política y la falta de soluciones estatales
Frente a un laberinto que pone en riesgo la subsistencia mínima, el Defensor de la Tercera Edad cuestiona la parálisis legislativa y la ausencia de asistencia pública. «Consultado sobre el endeudamiento de los jubilados, el presidente de la Nación declaró que se trata de un tema entre privados, desligándose completamente de buscar una solución o un paliativo desde la Administración Central. El Poder Legislativo, por su parte, tampoco se preocupa por la situación de los jubilados; no forma parte de la agenda política, donde la dirigencia parece disputarse el ombligo propio antes que atender el hambre de quienes trabajaron toda su vida», manifestó el Defensor de la Tercera Edad.
«Sin lugar a duda debería existir una herramienta estatal que surja de la ANSES para atender este endeudamiento. Es la propia plata de los jubilados, la que aportaron durante toda una vida de trabajo y que ahora, cuando la necesitan desesperadamente para subsistir, se les niega por completo. Caer en deudas para pagar gastos corrientes se convierte en una trampa mortal, porque cada mes se acumula la cuota del préstamo anterior con los nuevos gastos fijos, destruyendo la vida diaria de los adultos mayores», expresó al cierre de la comunicación.
