La intención del gobierno nacional de avanzar en la desregulación de la actividad inmobiliaria —a través de iniciativas promovidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger— ha encendido las alarmas en el sector profesional de Mendoza y todo el país. El eje del conflicto radica en la propuesta de eliminar la exigencia de la matrícula obligatoria para intermediar en operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles, permitiendo que cualquier persona mayor de edad sin título técnico o universitario ejerza el corretaje.
Desde la Cámara Inmobiliaria de Mendoza (CIM) y el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios advierten que la medida no busca fomentar la libre competencia, sino que deja en absoluta desprotección al usuario final ante estafas, vicios jurídicos y mala praxis. Frente a la insistencia del Poder Ejecutivo en elevar el proyecto al Congreso de la Nación, las entidades representativas anticipan que recurrirán a la Justicia mediante la presentación de recursos de amparo para preservar un marco normativo con más de medio siglo de vigencia.
Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, analizó la complejidad legal de la profesión, la proliferación de franquicias informales y los riesgos que representa la desprofesionalización para el patrimonio de las familias.
La matrícula como garantía del consumidor y no como privilegio corporativo
Frente al argumento oficial que tilda de corporativa la exigencia de colegiación, los profesionales sostienen que el título habilitante y la matriculación son la única vía para que el cliente cuente con un respaldo técnico y una instancia de reclamo ante irregularidades. «Desde la federación que nos agrupa a nivel nacional mantuvimos reuniones con el ministro Sturzenegger donde él insistió con este proyecto de desregulación. Nosotros le dejamos en claro que si se insiste con esa postura, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Lo que el gobierno parece no comprender es que no estamos defendiendo una matrícula corporativa, sino al usuario, al consumidor inmobiliario que está amparado por la Ley de Defensa del Consumidor», aseguró Roberto Irrera ante la audiencia de FM Vos 94.5.
«Cuando creamos el Colegio de Corredores Públicos en Mendoza, del cual soy fundador, se hizo con el afán de cuidar a la gente. La idea es que quien interviene en una operación tenga un domicilio legal y una matrícula donde el cliente pueda acudir ante una mala praxis. Si se elimina esto y mandan a la gente a litigar a la justicia ordinaria ante un mal negocio, todos sabemos lo que demora un proceso judicial y terminarán perdiendo siempre los usuarios», declaró en ese mismo tramo de la comunicación.
Redes de franquicias, informalidad y el riesgo de estafas
La falta de formación jurídica y técnica en agentes informales facilita maniobras fraudulentas que golpean principalmente a los sectores de menores recursos. «El corretaje inmobiliario requiere nociones jurídicas, de arquitectura y agrimensura para tasar y comercializar un inmueble. Hay que saber interpretar sucesiones, inhibiciones o embargos. Desde 1973 el Estado exige estudiar para ejercer, y desde 1999 la Ley 25.028 exige título universitario. Vender fardos de pasto o vino no conlleva riesgos legales, pero vender una propiedad implica el patrimonio de toda una vida. En el último mes desbaratamos tres estafas en Mendoza perpetradas con boletos de compraventa apócrifos por personas sin preparación que engañaban a trabajadores que ahorraron durante años», enfatizó Irrera.
«No estamos en contra de las franquicias internacionales, sino de las formas en que proceden en Argentina. Preparan gente únicamente para vender, pero esos agentes no están matriculados ni tienen acceso directo al Registro de la Propiedad o a Catastro para verificar el estado de un inmueble. Un corredor no puede tener a 50 agentes informales trabajando a su cargo porque se pierde el control legal de las operaciones. En 2020 iniciamos acciones legales contra este sistema porque la ley es clara: no se puede ejercer el corretaje sin matrícula», aseveró.
Acciones judiciales y la vigencia de los aranceles profesionales
Ante la eventual aprobación de la norma en el Congreso, el sector inmobiliario prepara una batalla legal en los tribunales para frenar la desregulación. «Si prospera este proyecto de ley para desregular la matriculación, iniciaremos de inmediato presentaciones judiciales y recursos de amparo. No podemos tirar por la borda más de 50 años de evolución normativa que protegen al cliente. Si en 1973 ya se consideraba indispensable que la gente estuviera protegida por profesionales capacitados, con más razón lo es hoy en día», destacó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza.
«Argumentar que se desregula para bajar comisiones responde a un desconocimiento de los costos operativos de mantener una estructura profesional, publicidad y revisión jurídica durante procesos que a veces demoran seis meses o un año. Además, la compraventa directa entre particulares siempre fue legal; el dueño que no quiere usar una inmobiliaria pone su cartel y vende por su cuenta. No hay ninguna necesidad de alterar un sistema que le da seguridad jurídica al mercado», remató al cierre de la charla.
