La revelación de que altas figuras del oficialismo y ex referentes de La Libertad Avanza, como el ministro Federico Sturzenegger y el exdiputado José Luis Espert, han solicitado su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias —enmarcado en la denominada ley de Inocencia Fiscal— introduce una fisura ética de proporciones en el relato de la transparencia gubernamental. Esta decisión, que se suma a la ya conocida del jefe de Gabinete, el múltiplemente acusado por presunta corrupción Manuel Adorni, y su esposa, expone una realidad incómoda: quienes desde el plano teórico exigen una conducta civil intachable a la ciudadanía, recurren a los mecanismos de excepción del Estado -que este mismo gobierno implementó- para blindar y ocultar la evolución de su patrimonio ante la mirada del fisco.
El núcleo de la contradicción radica en la naturaleza misma del beneficio técnico que otorga esta normativa. Al ingresar a este régimen simplificado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) queda legalmente inhibida de fiscalizar con minuciosidad la composición y las variaciones patrimoniales de los contribuyentes. En términos llanos, la herramienta funciona como una amnistía tributaria que exime a los beneficiarios de justificar el origen de fondos o activos no registrados con anterioridad.
Que funcionarios públicos encargados de la administración del Estado e ideólogos del actual esquema económico opten por este paraguas de excepcionalidad fiscal sugiere, de manera inevitable, una severa dificultad para convalidar la trazabilidad y la procedencia de sus fortunas personales por las vías ordinarias de control.
Esta conducta adquiere una gravedad institucional manifiesta cuando se contrasta con el discurso moral que dio origen a la actual administración y en la que los tres mencionados se erigieron, en su momento, como abanderados de la “cruzada moralista”. El compromiso explícito de combatir los privilegios de los sectores políticos y de erradicar la opacidad en el manejo de las estructuras públicas se diluye día a día y más ahora, en el momento en que sus principales espadas eligen el camino de la dispensa fiscal.
Mientras el ciudadano común, el comerciante y el asalariado soportan una presión tributaria asfixiante bajo la estricta vigilancia de los organismos de recaudación, la elite gobernante se confecciona un traje a medida que clausura la rendición de cuentas sobre su propio enriquecimiento. La confianza pública, pilar fundamental de cualquier proceso de saneamiento institucional, no se reconstruye exigiendo sacrificios colectivos mientras las máximas autoridades se resguardan en regímenes de opacidad legalizada. La transparencia no admite interpretaciones de conveniencia ni protecciones corporativas; el patrimonio de quienes manejan los destinos de la Nación debe ser un libro abierto, exento de cualquier sospecha que requiera el auxilio de una ley de inocencia para evitar ser revisado.
