Los jubilados y pensionados vienen perdiendo fuerte ante la escalada de precios, lo cual complica cada vez más sus posibilidades de llegar a cubrir los gastos del mes, sobre todo en muchos casos hacer frente a los medicamentos y la atención de su salud en general. Si se toma en cuenta la pérdida que tuvieron los jubilados frente a la inflación en diciembre y enero, y que el aumento de 27 % de marzo no llegó a cubrir, el Gobierno debería darles un incremento del 25 % en abril y sumar la inflación de febrero (13,2 %), es decir un aumento del 41,5 %, incluyendo el bono, según un estudio del instituto Iaraf. Si esto sucediera, y las jubilaciones se ajustaran por inflación con un rezago de dos meses -como está previsto en los proyectos de ley-, quien cobra la mínima, incluido el bono, terminaría el año con un ingreso anual real prácticamente igual al de 2023. Y el jubilado sin bono terminaría el año con una pérdida del 16 % respecto a 2023. Es decir que muchos miles de jubilados terminarían con un séptimo año consecutivo de pérdida del poder adquisitivo. Estos números son clave porque los distintos proyectos presentados en el Congreso para determinar la fórmula de movilidad de esos haberes no compensan la pérdida de compra de las jubilaciones y pensiones de los últimos meses, agravando el deterioro de los últimos años. En las conjeturas que se realizan tanto desde el ámbito legislativo como desde el Poder Ejecutivo (el presidente Milei afirmó que el grupo de jubilados es el que tiene “menos pobres de toda la sociedad”) respecto a los ingresos, siempre se deja de lado al beneficiario, el que debe hacer mucho esfuerzo para hacer rendir el dinero. Una vez más, el sector pasivo es el que siempre sufre primero el peso del ajuste. A tal punto llega la injusticia, que el propio FMI (sí, leyó bien) le pidió al presidente Milei que preserve el valor de las jubilaciones. No debe haber paradoja mayor.
