El gremio ampliará esta semana la duración de las asambleas en los lugares de trabajo y anticipó que podrían alcanzar las 3 horas. Ricardo Babillón, titular del gremio, aseguró que el principal reclamo sigue siendo salarial y cuestionó la falta de respuestas del Gobierno provincial y de la Suprema Corte.
El conflicto de los empleados judiciales de Mendoza se profundizará durante la próxima semana. El gremio resolvió ampliar las medidas de fuerza ante la falta de avances en el reclamo salarial y anticipó que las asambleas, que hasta ahora tenían una duración de 1 hora, pasarán inicialmente a 2 horas y podrían extenderse posteriormente a 3. Además, no descartan llegar a una paralización del servicio si continúa sin aparecer una respuesta.
Ricardo Babillón explicó en diálogo con Diario San Rafael y FM Vos (94.5) que la decisión se tomó después de distintas protestas realizadas en las últimas semanas, entre ellas manifestaciones en inmediaciones del Palacio de Justicia y la Casa de Gobierno y un acampe en el cuarto piso de la Suprema Corte.
“Lamentablemente nos están obligando a llevar el proceso a un nivel que no queríamos”, afirmó. Sobre los pasos que seguirán, agregó: “Hasta hoy venían siendo de una hora, la semana que viene iremos a dos horas de las asambleas, en todos los lugares de trabajo, y hasta llegar a la paralización del servicio, en caso de ser necesario”.
Según explicó, esa posibilidad dependerá de que se consiga abrir un canal de diálogo que permita encontrar una salida al conflicto. Desde el sindicato reclaman respuestas tanto del Ejecutivo provincial como de la Suprema Corte y sostienen que existen mecanismos institucionales para avanzar hacia una solución.
El principal eje de la protesta continúa siendo el salario. Babillón aseguró que los ingresos actuales están provocando incluso la salida de trabajadores del Poder Judicial que encuentran mejores condiciones económicas en otros ámbitos.
“Básicamente, lo más importante, nuevamente, es el tema salarial. Un empleado judicial hoy está cobrando alrededor de 800, 850 mil pesos un ingresante al Poder Judicial”, señaló.
El dirigente gremial sostuvo que existen trabajadores que directamente optan por renunciar cuando consiguen otra oportunidad laboral. Según explicó, algunos pasan al sector privado y particularmente a estudios jurídicos, donde reciben propuestas salariales superiores.
“Los judiciales están renunciando”, aseguró Babillón, quien advirtió que la situación también alcanza a personas con una extensa trayectoria dentro del sistema. “Tenemos empleados con 20 años de antigüedad que algún estudio jurídico viene y le hace una oferta de trabajo y terminan renunciando”, expresó.
Para el dirigente, esas salidas implican además una pérdida para el propio Poder Judicial debido a la experiencia y formación acumuladas por los trabajadores. “Pierde el Poder Judicial algún empleado que no solo demostró su capacitación en el momento de rendir para ingresar, sino que a través de los años se fue preparando y se fue capacitando”, manifestó.
Babillón cuestionó también las propuestas que recibieron durante las negociaciones. “El Gobierno nos sigue haciendo ofertas salariales inferiores a las que le realizan a otros sectores, por lo tanto estamos viendo muy complicada la salida de este conflicto”, sostuvo.
Dentro del plan de lucha, uno de los episodios de mayor tensión se produjo en la Suprema Corte. El gremio había solicitado formalmente una reunión con el plenario del máximo tribunal provincial y, según relató Babillón, al no obtener inicialmente una respuesta decidieron instalarse en el cuarto piso del edificio, donde se encuentran los ministros de la Corte.
“En la provincia de Mendoza tuvimos que llegar a hacer un acampe en el cuarto piso, es decir, en el piso donde están todos los ministros de la Corte, acampar ahí para lograr ser recibidos”, explicó.
Finalmente consiguieron mantener el encuentro. Allí, según Babillón, reclamaron que la Suprema Corte intervenga institucionalmente ante el Ejecutivo para obtener los recursos necesarios que permitan destrabar el conflicto salarial.
“Una vez que fuimos recibidos, le exigimos que tomen las medidas institucionales para poder destrabar este conflicto”, indicó. Sin embargo, afirmó que posteriormente no hubo novedades concretas: “Al día de hoy no tenemos una respuesta oficial”.
Nuevas protestas y mayor impacto en la atención
El gremio regresó posteriormente al cuarto piso de la Suprema Corte para continuar con el reclamo. Babillón aseguró que permanecieron allí hasta alrededor de las 18 horas y que posteriormente recibieron una orden judicial para abandonar las instalaciones.
“Llegó la orden de una jueza de que debíamos retirarnos y fuimos expulsados del edificio con la Policía”, afirmó. También anticipó que las protestas continuarán y que volverán a reclamar durante la próxima semana.
La profundización del plan de lucha tendrá consecuencias directas sobre el funcionamiento cotidiano de las dependencias judiciales. Hasta ahora, quienes concurrían a realizar un trámite podían encontrarse con una asamblea de aproximadamente 1 hora, pero ese período se extenderá.
“La semana que viene vamos a ir a dos horas y lo más probable es que a partir del miércoles o jueves ampliemos a tres horas”, anticipó Babillón.
El dirigente reconoció que las medidas pueden generar inconvenientes a quienes necesitan acceder al servicio de Justicia, pero sostuvo que el gremio llegó a esta instancia debido a la falta de una solución. “Nosotros lamentamos tener que realizar este cese de actividades, pero bueno, no nos está quedando otra opción”, señaló.
Babillón vinculó el conflicto con una discusión más amplia sobre los ingresos de los trabajadores mendocinos y afirmó que la situación económica obliga a muchas personas a buscar más de una fuente laboral. “El empleado judicial es una persona que está cobrando en la línea de la indigencia. Hoy tenemos dos, tres trabajos y tampoco alcanza”, expresó.
En ese sentido, cuestionó la política salarial provincial y consideró que los ingresos del sector público también tienen incidencia sobre el mercado laboral general de Mendoza. “Necesitamos una política salarial del Gobierno que empiece a atender las necesidades y las urgencias de todos los trabajadores de la provincia”, reclamó.
Antes de finalizar, Babillón dirigió un mensaje a las personas que necesiten realizar trámites y puedan encontrarse con dificultades debido a las medidas gremiales. Explicó que desde el sindicato son conscientes del impacto que puede producir el conflicto sobre quienes requieren del servicio de Justicia y pidió disculpas por los inconvenientes que puedan generarse.
Mientras tanto, el escenario planteado para los próximos días es de una escalada progresiva de las protestas. Las asambleas comenzarán a extenderse y el gremio mantiene abierta la posibilidad de profundizar todavía más las medidas si no obtiene respuestas al reclamo salarial.
