El gobierno quiere incluir cambios en las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario dentro del proyecto de ley de Presupuesto 2027, que será enviado al Congreso antes del 15 de septiembre. Reflexionaron desde el Ejecutivo sobre la opción clave sobre la mesa que tiene el objetivo de reducir el impacto fiscal de estas dos normas que el oficialismo buscó modificar en diciembre del 2025, pero no logró sostener en la votación particular del Presupuesto 2026.
Despachos oficiales aseguraron a TN que la decisión aún “persiste”, aunque dependerá de que la mesa política consiga antes los consensos necesarios con gobernadores y bloques aliados. “En diciembre de 2025 se intentó y no se pudo”, comentan y reflexionan sobre la impericia, el exceso de confianza tras la victoria electoral y la falta de trabajo previo con mandatarios como las razones principales para aquella derrota.
En este sentido, Diputados rechazó en particular el tramo que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad que había sido incluido en el Presupuesto 2026. Para evitar que se repita aquel escenario, el oficialismo quiere llegar a septiembre con el apoyo de gobernadores que quieran, principalmente, acompañar la reforma electoral y el Presupuesto.
El entorno del presidente busca que el debate sobre el financiamiento universitario y discapacidad quede dentro del cálculo general de recursos y gastos en el mismo proyecto presupuestario. De esta forma, buscan evitar el avance en leyes específicas que generen aumentos de gasto por fuera de lo acordado.
¿Cuál es la situación presupuestaria de las universidades?
Por su parte, la situación de las universidades es el frente más judicializado por la cautelar que impuso la Corte Suprema, que establece que el Gobierno deberá cumplir con dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes y la recomposición de becas estudiantiles. Aunque el fallo no resolvió la cuestión de fondo, implicó decisiones gubernamentales clave.
Desde Nación sostienen que la decisión de la corte no implica una sentencia definitiva sobre toda la ley. “Es el costo parcial”, dijeron, ya que la discusión se centra en salarios y becas solamente.
En este sentido, la Casa Rosada le había propuesto a las universidades una recomposición salarial del 24,33%, una suba del 20% para gastos de financiamiento, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y una mejora en las becas Manuel Belgrano. Esta propuesta no fue aceptada y las universidades remarcaron que aquel entendimiento no implicaba cumplir la ley vigente.
¿Cómo viene la discusión presupuestaria en materia de discapacidad?
En materia de discapacidad, la mesa política envió un proyecto que modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad, que puso el foco en auditorías, reempadronamiento, incompatibilidades para pensiones no contributivas por invalidez laboral y revisión del financiamiento. Así, el oficialismo busca reforzar controles sobre beneficios y achicar el costo fiscal.
Desde Balcarce 50 buscan remitir el Presupuesto 2027 con un acuerdo macro con varios gobernadores aliados para sostener reformas como mínimo hasta el mes de marzo. Allí buscan contar con los votos para la reforma electoral, acompañamiento presupuestario y el respaldo a proyectos sensibles que puedan generar resistencia sectorial.
El Gobierno tiene como objetivo llegar a septiembre con una negociación avanzada sobre la reforma electoral antes del envío del Presupuesto, ya que la eliminación de las PASO es una prioridad para la mesa política, que cree que aquella reforma ordenará el tablero electoral y permitirá cerrar acuerdos de competencia con mandatarios provinciales.
¿Cuál es el debate clave en materia de presupuesto?
El debate en torno al presupuesto estará influido por la situación fiscal. El informe preliminar del Presupuesto 2027 señala que la iniciativa será enviada antes del 15 de septiembre y que preservará el objetivo de alcanzar el superávit fiscal y sostener la estabilidad macroeconómica. Asimismo, proyecta objetivos destinados a impulsar la actividad económica, el empleo y los ingresos reales, junto con una marcada reducción del ritmo inflacionario.
El Ejecutivo registró un superávit primario de $8,4 billones y un resultado positivo de $2,6 billones. Además, en ese período las transferencias a universidades nacionales alcanzaron $1,95 millones, con una ejecución del 37,3% del crédito vigente, mientras que las prestaciones de la seguridad social fueron el factor principal del aumento del gasto primario.
En la Casa Rosada se mantienen en la postura de que esos números refuerzan la necesidad de ordenar cualquier modificación de gasto dentro del presupuesto. La postura oficial sostiene que, si el Congreso impulsa la aprobación de leyes con impacto sobre las cuentas públicas sin establecer mecanismos claros de financiamiento, el Gobierno se verá obligado a equilibrar ese costo mediante recortes en otras partidas o a través de una reorganización más amplia del esquema de gastos.
La resolución definitiva estará sujeta al consenso político. En Balcarce 50 buscan evitar un revés como el de diciembre y arribar al debate presupuestario de 2027 con una alianza legislativa más cohesionada: gobernadores alineados por incentivos electorales, reformas en marcha y un presupuesto que sirva como herramienta para ordenar el financiamiento de las universidades, las políticas de discapacidad y el resto de las prioridades fiscales.
Fuente: Canal 26
