Tras cerrar la etapa investigativa local, a cargo del Juez Eclesiástico del Tribunal Interdiocesano de Mendoza, el expediente canónico contra el ex obispo de San Rafael Carlos María Domínguez por presuntos abusos sexuales fue derivado a la Santa Sede, en El Vaticano, donde se decidirá el futuro del religioso.
El 3 de febrero pasado, tres personas denunciaron ante las autoridades competentes a Domínguez por -según el comunicado oficial del Obispado- “acciones indebidas infligidas contra ellas”, provocando la renuncia efectiva del mencionado obispo, quien dimitió y se fue de San Rafael.
No obstante, no fue hasta 10 días después que el Obispado hizo pública la renuncia. Según afirmaron fuentes cercanas al ente católico “había que esperar que la renuncia fuera aceptada”.
Con los rumores sonando cada vez con más fuerza, días después debieron admitir desde la Iglesia que Domínguez estaba vinculado en hechos abusivos de índole sexual contra tres jóvenes mayores de edad. En ese sentido, Diario San Rafael publicó el testimonio de las víctimas acerca de las prácticas de abusos que propiciaba el ex obispo y que incluían tocamientos impúdicos e invitaciones a actividades reñidas con la moral y con su calidad de ministro religioso.
Así las cosas, el Juez Eclesiástico del Tribunal Interdiocesano de Mendoza tomó los testimonios de los denunciantes, cerró la instrucción investigativa y envió el expediente a El Vaticano, donde se determinará la responsabilidad de Domínguez y, eventualmente, la sanción que le corresponde.
En ese marco, se supo que Domínguez declaró que viajaría a la Santa Sede a ejercer su derecho de defensa. No obstante, desde ámbitos vaticanos se destacó que ello no es necesario, puesto que el religioso acusado puede defenderse por escrito.
En la justicia penal no hay denuncias
Vale destacar que en los ámbitos tribunalicios locales se habla mucho del caso y se sorprenden acerca de la no interposición de denuncias contra Domínguez. Al tratarse de delitos de instancia privada, si las víctimas no denuncian en sede penal, desde el Ministerio Público Fiscal no pueden iniciar una causa.
