La frialdad de las estadísticas económicas de cierre de 2025 ha venido a confirmar lo que el bolsillo del trabajador sanrafaelino sospechaba cada vez que recorría las góndolas de los supermercados o las carnicerías de barrio: el ajuste no fue contra «la casta», sino contra el corazón del empleo registrado y la dignidad de los jubilados. Un reciente informe del economista Nadin Argañaraz en base a datos de ANSES, INDEC y el Banco Central (BCRA) detalla que, durante el gobierno mileísta, se produjo una pérdida real de hasta el 33% en los salarios públicos y una caída sostenida en las jubilaciones mínimas y revela el diseño de un país donde el esfuerzo formal ha dejado de ser una garantía de progreso.
Lo más punzante de este escenario es la paradoja política que encierra. Durante años, el discurso de la derecha nacional y los sectores hoy encumbrados en el poder construyeron su capital simbólico sobre una crítica feroz a «los planeros». Se instaló la narrativa de un país dividido entre quienes trabajaban para sostener el sistema y quienes vivían de la asistencia estatal. Sin embargo, los datos de la era Milei muestran una realidad invertida: mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) es el único indicador que creció sustancialmente —un 67,2% real— para evitar un estallido social, el trabajador estatal y el jubilado con la mínima han sido utilizados como el combustible necesario para alcanzar el equilibrio fiscal.
En San Rafael, este fenómeno tiene un impacto corrosivo. Nuestra comunidad se sustenta sobre el empleo público municipal, el docente, el judicial y el administrativo provincial, sectores que han visto licuados sus haberes de manera dramática. El jubilado local, ese que durante décadas aportó al sistema con la promesa de una vejez digna, hoy sobrevive con un bono de 70.000 pesos congelado desde hace casi dos años, una cifra que ante la inflación acumulada resulta ofensiva. El castigo a la clase media trabajadora es total; se le exige la productividad de un país desarrollado mientras se le remunera con salarios que apenas arañan la línea de la supervivencia.
La estabilidad macroeconómica, si se logra a costa de desmantelar el poder adquisitivo de quienes mueven la economía real, es una victoria pírrica. San Rafael necesita de sus trabajadores y de sus abuelos con capacidad de consumo para que el comercio y la industria local respiren. Sin salarios dignos, el oasis se encamina a una sequía social donde el trabajo deja de ser un orgullo para convertirse en una carga, y donde la antigua crítica a la asistencia parece haber quedado olvidada en los despachos nacionales donde hoy se decide, con una planilla de cálculo de dudosa cercanía con la realidad, quién tiene derecho a no ser pobre.
