Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), confirmó que la actividad frenó su leve recuperación de septiembre y octubre, retrocediendo un 0.6% en noviembre. El sector enfrenta un panorama complejo marcado por el cese de la inversión pública nacional, la caída de fondos provinciales y un sector privado paralizado por costos de construcción muy altos en dólares.
INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, AMBAS PARALIZADAS
Fernández dividió la situación de la construcción en dos grandes frentes: la obra pública y la obra privada.
Obra Pública: impacto del federalismo
La obra pública se ve afectada por el retiro de la inversión del Estado Nacional, lo que obligó a provincias y municipios a absorber parte de esos proyectos. La situación se agravó por la caída en los ingresos coparticipables. «Ha caído la coparticipación federal, lo cual ronda entre el 20% al 24%», estimó Fernández ante los micrófonos de FM Vos 94.5.
El funcionario explicó que la obra pública es el primer sector que sufre los recortes ante la falta de ingresos provinciales, ya que se prioriza el pago de salarios en salud, educación y seguridad. «Lo primero que impacta es en la inversión pública y por ende sobre la obra pública. El aumento en la caída de los cheques devueltos ha llegado al 3% del total, con un incremento de casi el 40% de cheques rebotados en los últimos meses», aseguró el entrevistado.
Obra privada: costos elevados
En el sector privado, el problema persiste desde las elecciones de 2023: el valor del metro cuadrado de construcción en dólares quedó muy por encima de la media histórica, y el mercado no convalida esos precios. «Los bienes que conforman la canasta de materiales de la industria de la construcción quedaron muy caros en dólares y eso ha hecho que el valor metro cuadrado esté significativamente más encarecido que la media histórica», indicó Gerardo Fernández.
Esto obliga a los desarrolladores a vender a pérdida para liquidar stock. «Un departamento cuyo costo de ejecución es 70, 80 mil dólares, hoy día el mercado no está dispuesto a pagarlo más de 50 o 60», ejemplificó.
Empleo estancado y debate laboral
Respecto al empleo, Fernández señaló que tras la caída de fines de 2023 y principios de 2024, la situación se ha mesetado, manteniéndose estancada. La métrica se distorsiona porque la pérdida de puestos en la construcción tradicional es compensada por el crecimiento de empleo bajo el régimen de la construcción en el rubro energético (parques solares, petróleo y gas en Vaca Muerta).
Sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, el presidente de la CPC sostuvo que hay un consenso generalizado en que las modificaciones son necesarias, aunque el debate público muestre lo contrario. «Hay un consenso generalizado en todo lo que es industria, servicios y sector privado de que hay que hacer modificaciones como concepto general. Es necesario hacer un cambio de la legislación laboral por el bien de todos», manifestó.
Consultado sobre la postura sindical, Fernández disintió con el rechazo explícito y sugirió que las movilizaciones son más bien una puesta en escena. «Cuando vos hablás con el sector gremial en off, ellos entienden que la reforma es necesaria. Pero como representan a un sector, las bases tienen que hacer un poco esta manifestación de estar en desacuerdo, pero básicamente te diría que hay un acuerdo generalizado», aseveró.
El entrevistado concluyó que la verdadera resistencia sindical no se centra en los derechos laborales, sino en la pérdida de sus privilegios históricos y su caja. «La mayor sensibilidad no es por los derechos laborales, que prácticamente no se modifica ninguno, sino porque este proyecto de ley lo que trae es el desbaratamiento de algunos privilegios históricos de los sindicatos, en cuanto a cómo recaudaban», opinó.
Finalmente, advirtió que la reforma laboral es solo un primer paso, pero no la solución mágica para el estancamiento del sector: «¿Es necesaria la reforma laboral? Sin lugar a ninguna duda. Esto está fuera de discusión en ningún ámbito. Ahora, ¿con la modificación de la ley laboral, si sale la ley en enero o en febrero, se soluciona el problema de trabajo? Definitivamente no», declaró de forma categórica.
